Fiscales del Ministerio Público (MP) en conjunto con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron una serie de diligencias de allanamientos en seguimiento a la investigación del caso denominado “Libramiento Chimaltenango”.
Las diligencias que se ejecutan este viernes se realizan en las zonas 5, 11, 18 y en el municipio de Villa Nueva.
El objetivo de las diligencias es el secuestro de evidencias que contribuyan en la investigación, explicó el MP.
#Allanamientos#MPcontraLaCorrupción
— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 17, 2020
En seguimiento a la investigación del #CasoLibramientoChimaltenango, la Fiscalía contra la Corrupción con apoyo de la #PNC realiza 4 diligencias de allanamiento en las zonas 5, 11, 18 y en el municipio de Villa Nueva. pic.twitter.com/F2Vz3AxTr4
El caso
El viernes pasado, la Fiscalía contra la Corrupción desarrolló un operativo con la finalidad de capturar a más de 20 implicados en este caso.
El jefe de esa unidad, Stuardo Campo, explicó por medio de una conferencia de prensa las inconsistencias de este caso, a nueve meses de haberse iniciado la investigación debido a los constantes derrumbes en esa obra.
Según detalló, luego de haberse incrementado más del 40% el monto del contrato con la empresa Constructora Nacional, S. A. (Conasa) la legislación manda a crear una nueva licitación para que otra empresa terminara la obra.
En ese sentido, se creó una nueva empresa, Renova Ingenieros, S. A., cuya adjudicación fue fraudulenta, según el ente investigador, ya que no poseía con una inscripción a precalificación de obras con el Estado y porque no cumplía con la garantía financiera debido al capital reportado.
El 98% del nuevo contrato con Renova Ingenieros, S. A. (más de Q90 millones) fue a dar a las cuentas de Conasa, según la ruta del dinero que presentó el MP.
La Fiscalía también detalló las inconsistencias en la construcción, fallas constructivas, con las que no cumplió la empresa y por ese motivo se han registrado los constantes derrumbes e inundaciones en ese tramo carretero.
Además, se comprobó que por medio de actas falsificadas el Estado pagó más de Q15 millones por el derecho de vía.