El ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, se refirió a un conflicto que se generó con los reos en la Granja Penal Canadá, conocida como El Infiernito, en el departamento de Escuintla.
En una citación con diputados de la comisión de Derechos Humanos fue consultado sobre la situación en esa prisión, tras conocerse que se registraba un amotinamiento.
La sublevación de los privados de libertad sería resultado de que están inconformes por el traslado de líderes de la pandilla del Barrio 18 a otras cárceles.
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Oliverio García Rodas, ministro de @mingobguate: "Bajo mi entera responsabilidad he dado órdenes estrictas para que de ser necesario se haga uso de la fuerza y se resuelva esta situación". pic.twitter.com/N8DlgSGUoF— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 31, 2020
El funcionario señaló que para retomar el control se movilizó a por lo menos 2 mil agentes de la Policía Nacional Civil al lugar.
“Si es necesario hacer el uso de la fuerza, que se haga uso de la fuerza, razonable, no estoy mandando a matar a nadie. No se va a permitir más este tipo de asuntos de que los reos van a estar mandando en los penales”, aseveró García Rodas.
Añadió que no se va a negociar con los inconformes, pues Gobernación no está de acuerdo con hacer transacciones con delincuentes.
“No podemos estar aceptando imposiciones de nadie”, enfatizó y dijo que se actuará con respeto a los derechos humanos.
Guardias retenidos
El vocero del Sistema Penitenciario, Carlos Morales, confirmó la retención de entre 6 y 10 guardias en la referida prisión.
La toma de los guardias en rehenes se dio horas después que las autoridades trasladaran a unos 40 líderes de la pandilla Barrio 18 desde el Centro Preventivo para Hombres de la capital hacia otras prisiones del país.
Morales afirmó que el objetivo es que los líderes pandilleros estén en distintas cárceles para combatir las extorsiones al ser reubicados en lugares donde no tienen comunicación telefónica con el exterior.
Según Morales, los pandilleros dirigían desde prisión el cobro de extorsiones a comerciantes, taxistas y transportistas.
El ministro de Gobernación refirió que estas personas cumplen sentencia de hasta 1 mil 600 años de prisión por diferentes delitos, entre estos, asociación ilícita, asesinato y extorsión, que son “de altísima peligrosidad social”.
“La mayoría de ellos están condenados a 174 años, el que menor condena tiene son 56 años, una condena de esta naturaleza no es por delitos leves”, resaltó.
Finalmente anunció que se trabaja en un proyecto para reactivar el servicio de los bloqueadores de señal en las prisiones para evitar que se hagan llamadas de extorsión desde estos puntos.
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