La Fiscalía contra la Corrupción presentó los resultados de una investigación a su cargo, por la cual este martes se realizaron dos diligencias de allanamiento.
El titular de la referida fiscalía, Stuardo Campo, señaló que aunque el caso no involucra directamente a funcionarios y empleados de la administración pública, es importante y relevante.
Mencionó que esa oficina del Ministerio Público (MP) inició una investigación de oficio al tener información de un grupo que se autodenominaba Bufete de Abogados VIP.
El mismo estaba conformado por una red de personas particulares y posiblemente abogados, que de forma concertada podrían haber desarrollado una serie de actos ilícitos.
Buscaban mecanismos para contactar a exfuncionarios y exempleados de la administración pública que en algún momento habrían sido denunciados por la Contraloría General de Cuentas y les ofrecían asesoría jurídica para resolver su situación.
Estas se conocían dentro de la Fiscalía contra la Corrupción y algunas otras unidades del Ministerio Público, incluyendo la de Delitos Administrativos.
Forma de operar
Las pesquisas revelaron que este “bufete” identificaba a las personas a las que les pedía dinero verificando el sitio web de la Contraloría, en donde se colocan los informes con los datos de las denuncias presentadas en el MP.
De esa manera se captaba a los exfuncionarios o exempleados públicos señalados por el ente fiscalizador del Estado.
El mecanismo para ubicar a las potenciales víctimas consistía en enviarles correos electrónicos para ofrecerles los supuestos servicios profesionales.
Fiscalía contra la Corrupción del MP lleva a cabo dos diligencias de allanamiento por investigación que está en reserva y estarán presentado este día. @EmisorasUnidas
— Joel Maldonado (@JMaldonado_EUD) December 15, 2020
Se les brindaban números telefónicos para concertar reuniones. En estos encuentros se les manifestaba que tenían graves problemas legales.
“Llegaban al extremo de amedrentarlos al decirles que incluso se habían girado órdenes de captura en su contra”, señaló Campo.
Eran fuertes sumas dinerarias las que se requerían a cambio de solventar los supuestos inconvenientes legales que tenían.
Y les ofrecían ejercer una supuesta influencia sobre funcionarios de la administración de justicia penal, jueces, fiscales y autoridades de la PNC y Gobernación para que se frenaran las supuestas pesquisas.
“Ante el temor, las personas accedían a entregar el dinero que les era requerido, pensando que ese bufete les ayudaría a resolver los inconvenientes legales y solventar su situación jurídica”, destacó el fiscal Campo.
Amenazas a fiscales
El MP también estableció que hubo amenazas e intimidaciones a fiscales que podrían surgir de esta misma estructura criminal.
En la investigación se observó la existencia de una serie de comunicaciones telefónicas entrantes registradas en la sede de la Fiscalía contra la Corrupción y en los teléfonos de turno de esa oficina.
Por medio de estas, se entablaban comunicaciones con los auxiliares fiscales encargados de tramitar distintas investigaciones para intimidarlos para que procedieran a desestimar las denuncias.
En una ocasión, una persona dijo ser asesora de la secretaria privada del ente investigador e intimidó a los auxiliares fiscales.
Les dijo que si no se desestimaban las querellas contra ciertos funcionarios podrían ser objeto de un traslado a municipios lejanos.
Se presentó una denuncia penal sobre esta situación que está en proceso de investigación en otra fiscalía.
En otro caso, una mujer se presentó como asesora del presidente del Congreso, Allan Rodríguez, e indicó que quería reunirse con Campo para lograr la desestimación de una denuncia presentada contra empleados públicos, cuyo caso está en proceso de pesquisas.
Las autoridades del MP destacaron que la voz de esta persona coincide con la que amenazó antes a los fiscales.
#AHORA
El fiscal Campo afirma que otra de las modalidades de la estructura era hacer llamadas a la Fiscalía contra la Corrupción, a través de las cuales se amenazaba e intimidaba a auxiliares fiscales del @MPguatemala para que desestimaran determinadas denuncias. pic.twitter.com/Fy6GW5LnGL— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) December 15, 2020
Esa persona también dijo que si no se aceptaba el encuentro se tomarían acciones legales no solo contra el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, sino también contra el auxiliar fiscal que tiene asignado el caso.
Sin embargo, el ente investigador cuenta con una negativa expresa de parte de la junta directiva del Legislativo en cuanto a que la mujer que podría estar detrás de los hechos, y que fue capturada hoy, tenga vinculación contractual o laboral con ese organismo.
“Se encontraron evidentes indicios con esas llamadas telefónicas que se hicieron con el propósito de obstaculizar el adecuado ejercicio de la labor, utilizando la coacción o amenazas para que se desestimaran las denuncias”, resaltó Campo.
Resultados del operativo
En las diligencias de allanamiento realizadas hoy se reportó la captura de dos personas a las que se les atribuyen los delitos de coacción, tráfico de influencias y usurpación de funciones.
Se trata de Rommel Francisco González Pinto y Nancy Noemí Aquino Montenegro.
Ambos fueron ubicados en un inmueble de la colonia El Mirador, zona 11 de la Ciudad de Guatemala. En ese lugar también se localizó información relevante en el caso.
La fiscalía continuará con las investigaciones para verificar si hay más personas implicadas en los hechos ilícitos.
#EUNacionales En la nómina 022 del @CongresoGuate correspondiente al año 2019, una de las personas capturadas estuvo asignada al exdiputado Óscar Quintanilla. https://t.co/q9s46G8C11 pic.twitter.com/3adHLBnbNt
— …. (@Congreso_EU) December 15, 2020
