Dos personas implicadas en el caso Bufete de Abogados VIP fueron ligadas a proceso penal y enviadas a prisión preventiva este viernes.
La audiencia de primera declaración se realizó en el Juzgado Quinto Penal.
Durante la diligencia, el Ministerio Público (MP) presentó los indicios que permitieron que se resolviera ampliar las investigaciones contra los señalados.
Los procesados y los delitos que se les atribuyen son:
- Rommel Francisco González Pinto, tráfico de influencias.
- Nancy Noemí Aquino Montenegro, tráfico de influencias, coacción y usurpación de funciones.
De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía Contra la Corrupción, existió una estructura criminal que exigía dinero a exfuncionarios y extrabajadores públicos a cambio de solventar supuestos problemas legales que tenían.
Las posibles víctimas eran detectadas en los informes anuales que la Contraloría General de Cuentas publica en su sitio web, en donde se menciona a personas que han incurrido en faltas o alguna irregularidad.
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La Fiscalía contra la Corrupción reveló los resultados de la investigación relacionada con un grupo que solicitaba fuertes sumas de dinero a cambio de solventar supuestos denuncias u otros problemas legales de sus víctimas. https://t.co/MF9ZKsozvs— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) December 15, 2020
Detalles del caso
El fiscal contra la Corrupción, Stuardo Campo, señaló que el propio grupo delictivo se hacía llamar Bufete de Abogados VIP.
Detectaba a posibles víctimas realizando búsquedas en el informe anual que publica la Contraloría General de Cuentas en su sitio web, en donde se incluye a funcionarios que pudieron incurrir en faltas o irregularidades.
Posteriormente, los contactaba por medio de correos electrónicos. Tras iniciarse la comunicación, se concertaban encuentros en los que se ofrecía la supuesta asesoría legal.
Los presuntos abogados les aseguraban a las personas que tenían fuertes problemas legales e incluso eran buscadas por la justicia para generarles temor.
Esto hacía que accedieran a pagarles distintas sumas a cambio de que les apoyaran para resolver su situación legal.
Además de esta práctica ilegal, el MP detectó que los miembros de la estructura serían responsables de realizar llamadas intimidatorias a fiscales para exigirles que desestimaran denuncias contra ciertas personas.
* Con información de Alexander Valdéz, Emisoras Unidas 89.7
