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MP busca contactarse con fabricante de pruebas de Covid-19 para ampliar pesquisas

La Fiscalía contra la Corrupción le da seguimiento a la posible adquisición irregular que hizo el Ministerio de Salud de test para detectar el coronavirus. Además, sigue otras investigaciones relacionadas con la pandemia.

Test de coronavirus
AFP

Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, explicó este martes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, cómo avanzan las investigaciones relacionadas con las supuestas irregularidades en la compra de pruebas de Covid-19.

Las pesquisas de este caso se iniciaron después de que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) presentara una denuncia relacionada con la compra anómala de 30 mil test, que serían destinados a los hospitales de Zacapa, Huehuetenango y Chimaltenango.

De acuerdo con la cartera, se pudo detectar que los insumos comprados a una sociedad anónima no cumplen con la calidad ofertada.

Las pruebas fueron vendidas el año pasado por la empresa Kron Científica e Industrial, Sociedad Anónima, a un monto de Q7 millones 350 mil.

Supuestamente, se trataba de test fabricados por Atila BioSystems, empresa estadounidense que ya se pronunció sobre el caso y se mostró “conmocionada por el fraude”.

“La falsificación de pruebas de diagnóstico es un crimen atroz que puede provocar muertes trágicas que Atila BioSystems no puede tolerar”, aseguró en un comunicado.

El fiscal Campo dijo hoy que de parte del MP se está procurando entablar comunicaciones con la entidad estadounidense, pues la información que suministren será muy valiosa para la investigación.

“En un comunicado ellos patentizaron la convicción de poder colaborar con las autoridades guatemaltecas y aprovecharemos esa buena disposición para obtener los datos y documentación que pueda ser útil. Hoy posiblemente nos podremos comunicar”, dijo.

Campo refirió que no solo se investiga el tema de la calidad inadecuada de las pruebas, pues aparte de esto se denuncian otros hechos como posibles falsedades en registros sanitarios y usos de documentos ilegítimos por parte de la empresa.

En ese sentido, se tiene un equipo fuerte de la fiscalía trabajando en el caso, pues se comprende las graves implicaciones que estos hechos pudieron tener, pues no solo afectó el tema económico del Estado de Guatemala, ya que son Q7 millones 350 mil.

Sino que también habría afectación a valores supremos como la vida y la salud del pueblo de Guatemala.

Implicados en las irregularidades

Campo compartió que la denuncia planteada por el MSPAS llegó a la fiscalía el martes 16 de febrero. El escrito expone conductas que podrían ser delictivas.

Refiere la posible comisión de los delitos de fraude, estafa, falsedad material e ideológica, explicó.

En ese sentido, resaltó que es una serie de tipos penales los que la fiscalía investiga y serán las pesquisas las que permitirán establecer en dónde podrían encuadrarse estas conductas y determinar quiénes son los responsables de los hechos denunciados.

Aunque todavía está por confirmarse las anomalías y definir quiénes estarían involucrados, la denuncia menciona a personas en específico.

El fiscal compartió que entre estas figuran los representantes legales de una entidad mercantil denominada Kron Científica Sociedad Anónima, que a criterio del entrevistado, evidentemente deben responder por la persona jurídica que suministró las pruebas al MSPAS.

También se hace relación a funcionarios o empleados de la cartera de Salud que habrían tenido intervención en la adquisición de 30 mil pruebas.

Entre ellos, se encuentra Ronaldo Estrada Rivera, exgerente administrativo financiero del MSPAS y actual viceministro de Cultura.

“Tengo entendido que en la actualidad ocupa un cargo como viceministro de Estado, pero en el momento en que ocurrieron los hechos él laboraba en el ministerio de Salud”, refirió.

En cuanto a la posibilidad de que puedan solicitarse órdenes de captura contra los involucrados, Campo explicó que por tratarse de una investigación recién iniciada, existe una serie de diligencias que se deben realizar primero.

Incluso añadió que si hay personas que no fueron denunciadas, y que podrían tener responsabilidad, los alcances de la investigación pueden llevar a determinar su participación.

“Tendremos que avanzar de forma pronta en el análisis para poder delimitar las responsabilidades. Es prematuro hablar de acciones judiciales, pero que se tenga la certeza de que la fiscalía trabaja las 24 horas en este y otros casos”, resaltó.

Hallazgos

Campo dijo que como parte de la denuncia se han aportado ya algunos medios de investigación que son importantes para la fiscalía.

Detalló que hay análisis realizados por parte del Laboratorio Nacional de Salud, en donde se dictamina preliminarmente lo relativo a las pruebas, específicamente a que en apariencia no reúnen los estándares mínimos para poder detectar el Covid-19..

“Extremo que se busca corroborar a la brevedad posible, pues será parte fundamental de la investigación”, dijo.

Asimismo, ya se han realizado algunos análisis técnicos-científicos con relación a las pruebas, pero creen que se deben solicitar otras pericias antes de tomar alguna otra decisión.

Y se hicieron diligencias que incluyeron presentarse a diferentes unidades ejecutoras del MSPAS en donde se tuvo información.

En la Dirección de Área de Salud de Huehuetenango y en el hospital de Chimaltenango se documentaron existencias de pruebas y se procedió al embalaje de la evidencia.

Se ha podido establecer que de las 30 mil pruebas adquiridas, aún permanecen en inventario unas 28 mil, es decir, que no han sido utilizadas, por lo que se mantienen bajo resguardo.

Actualmente están almacenadas en instalaciones del MSPAS, aunque bajo estrictos controles que garantizan que no podrán ser manipuladas por la empresa señalada o funcionarios implicados.

Esto se dio porque el MP no tiene espacios adecuados en donde puedan guardarse las pruebas, ya que se manejan bajo una cadena de frío.

Otras pesquisas

Por aparte, Campo expuso el caso de las supuestas pruebas falsas de Covid-19 no es la única investigación que la Fiscalía contra la Corrupción tiene a su cargo, relacionada con la adquisición de test.

Aunque aclaró que esta es la única que se trata de la calidad de los insumos, pues en el resto son otro tipo de irregularidades las que se investigan.

“Son investigaciones de oficio que la fiscalía ha iniciado en relación a la adquisición de pruebas, pero no necesariamente es que las pruebas sean alteradas o ilegítimas, sino otros aspectos que en su momento motivaron que la fiscalía tuviera conocimiento”, concluyó.