La Sala Segunda de Mayor Riesgo amparó provisionalmente a la excandidata presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.
En ese sentido, podrá participar en actividades políticas con la referida agrupación y también podrá movilizarse al interior del país.
La exprimera dama de la nación se encuentra procesada por un caso de manejo irregular del financiamiento del partido verde.
El expediente está a cargo de la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, que hasta ahora había negado las referidas acciones a Torres.
La sindicada había insistido en que se le autorizara sumarse a los eventos políticos, pero se consideró que no era prudente por estar en desarrollo las investigaciones.
Situación de Sandra Torres
La excandidata presidencial goza de arresto domiciliario, pero tiene vigentes ciertas restricciones como reunirse con integrantes del partido verde.
En junio pasado, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que investiga el caso en donde figura como sindicada, solicitó revocar las medidas a favor de Torres.
Esto se hizo bajo el argumento de que la sindicada se reunió con integrantes de la UNE, pese a tener prohibición para ello.
Sin embargo, la jueza Domínguez rechazó la petición y dejó en firme su situación.
#EUNacionales La excandidata presidencial se encuentra ligada a proceso y tiene prohibición de realizar actos políticos https://t.co/T5Fhkj3I8b
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 6, 2021
Torres enfrenta proceso penal por su implicación en un caso relacionado con irregularidades en el financiamiento electoral del partido UNE.
Los resultados de esta investigación fueron presentados por el Ministerio Público en 2019.
Según la FECI, los indicios surgieron mientras se investigaba el caso Traficantes de Influencias.
El jefe de esa unidad, Juan Francisco Sandoval, detalló que se tenía intervenida una línea telefónica y fue al analizar estas escuchas que se percataron de posibles anomalías.
Se estableció cómo se realizó la concertación para recaudar fondos que se utilizaron en campaña, pero que la agrupación política no registró ante el Tribunal Supremo Electoral.
Los recursos ascienden a un total de Q27 millones, de los cuales al menos Q9 millones podrían tener origen ilícito.
