Organizaciones de sociedad civil brindaron una conferencia de prensa este martes en la Plaza de la Constitución, zona 1, para dar a conocer la situación de las reformas a la ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONG).
Los presentes señalaron que el decreto 4-2020 limita la libertad de asociación, por lo que solicitaron a las autoridades que sea derogado.
Expusieron que la iniciativa que planteaba cambios a la referida normativa fue presentada en 2017 y fue aprobada en febrero de 2020, también sancionada por el presidente de la república, Alejandro Giammattei, el 27 de febrero de ese mismo año.
Las reformas entraron en vigor hasta junio de 2021 debido a la existencia de una serie de amparos presentados por diversas organizaciones sociales, detallaron.
Además, expusieron que estas reformas supuestamente se crearon para orientar las acciones que permitan fiscalizar a las ONG, pero manifestaron que el tema no es nuevo y está establecido en la Constitución Política y la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
“Queremos informar que las organizaciones de sociedad civil que recibimos fondos no gubernamentales para ejecutar proyectos de beneficio social, contamos con contabilidad y rendimos cuentas ante nuestros asociados”, destacaron los integrantes de las agrupaciones.
#AHORA Exigen que se derogue el decreto 4-2020 que limita la libre organización social | Vía @EBercian_PN pic.twitter.com/YEWu3mM916
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 8, 2022
Añadieron que también son sujetos a auditorías externas que deben presentar a los donantes y son fiscalizados por quienes proveen los fondos y por la Superintendencia de Administración Tributaria.
En ese contexto, resaltaron que hablar de fiscalización por parte de lo que calificaron como sus “detractores”, es un distractor con el que quieren que la ciudadanía guatemalteca ignore cuáles son las verdaderas intenciones del decreto 4-2020.
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Buscan “controlar” las ONG
De acuerdo con los integrantes de las agrupaciones, en el decreto 4-2020 se evidencia que el fin primordial es controlar a las organizaciones sociales y la labor que realizan.
También consideraron que se busca mantener poder sobre los fondos que utilizan y que el objetivo sería quitarles financiamiento a las entidades opositoras y las que realizan acciones de lucha y protesta.
“Si con quitarles el financiamiento no fuera suficiente, se prevé la cancelación de las organizaciones por realizar labores que alteren el orden público, pues la ley no define el alcance de este término”, resaltaron.
Esto se llevaría a cabo tomando en cuenta que, según expusieron, la ciudadanía organizada es el último bastión, el que le corresponde controlar todo el aparato estatal.
En ese sentido, resaltaron que el Estado de Guatemala tiene la obligación de promover el derecho de libertad de asociación, por lo que el Congreso debería derogar las reformas y entablar una mesa de trabajo que permita crear una ley que respete los estándares internacionales en materia de derechos humanos relativos al derecho de libertad de asociación.
#EUNacionales Organizaciones de la Sociedad Civil, llevan a cabo una conferencia de prensa sobre la situación de las reformas a la ley de oenegés y, lo que denominaron, la manera cómo afecta la libertad de asociación en Guatemala. pic.twitter.com/s3R9Gpxyao
— …. (@Congreso_EU) February 8, 2022
