Los diputados que integran la bancada Semilla presentaron una querella en contra del titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Jorge Luis Donado, a quien señalan de tres delitos.
El legislador Luis Fernando Pineda explicó que esto derivó de la falta de acciones del funcionario para velar por los intereses de Guatemala en la firma del contrato del Ferrocarril del Bicentenario.
Según explicó, el referido convenio se firmó en perjuicio del patrimonio de los guatemaltecos, es decir, en contra de los intereses del Estado.
“Lo que encontramos en el proceso de fiscalización es tan grave que nos obliga a impulsar acciones penales en contra del PGN”, destacó.
Los delitos que se le atribuyen a Donado son abuso de autoridad, perjurio e incumplimiento de deberes.
Consideran que PGN avaló negociación irregular
El diputado Pineda aseguró que el presidente Alejandro Giammattei ofreció un tren al que le llamaría “Ferrocarril Bicentenario”, y aunque mencionó que sí es necesario un proyecto de este tipo para el país, consideró que se dio con irregularidades.
“El problema es que lo han negociado de forma engañosa, con absoluta discrecionalidad y sin cumplir con las leyes”, resaltó.
Mencionó que desde inicios de 2021 se llevó a cabo la fiscalización de parte del bloque Semilla y surgieron hallazgos por posibles anomalías, empezando por el hecho de que supuestamente se definió “a dedo” qué empresa lo ejecutaría.
El legislador expuso que se trata de una compañía mexicana que no tiene antecedentes de ejecución y manejo de proyectos de esta clase.
Además, dijo que los términos de la negociación no son favorables para el Estado guatemalteco, pues como en otros negocios el porcentaje para el país es realmente mínimo.
Según indicó, los expertos han planteado que así como está creado el proyecto no es factible ni sostenible y será un fracaso.
Uno de los aspectos principales es que no podrá ejecutarse, pues hay miles de familias que viven en ciertos tramos y tendrían que ser desalojadas. “No hay un plan para ello”, enfatizó.
Finalmente, Pineda manifestó que el contrato incumple con la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que es ilegal y lo más seguro es que resulte lesivo, lo que a su criterio es responsabilidad de Donado porque él votó a favor de este negocio en perjuicio de los intereses del Estado.