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exmandataria de CICIG, Leily Santizo; y exfiscal de la FECI, Siomara Sosa
Foto: Edwin Bercián/EU

Ligan a proceso a exmandataria de la CICIG y exfiscal de la FECI

El juez a cargo del caso les otorgó medidas sustitutivas a Leily Santizo y Siomara Sosa, por lo que recuperarán su libertad.

La exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leily Santizo; y la exintegrante de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Siomara Sosa, fueron ligadas a proceso penal.

El Juzgado Tercero Penal, a cargo de Geisler Smaille Pérez, consideró que existen indicios de la presunta comisión el delito de colusión. En ese sentido, se deberán ampliar las investigaciones contra las sindicadas.

El fallo emitido también establece que ambas recuperarán su libertad al ser beneficiadas con medidas sustitutivas, entre estas, arresto domiciliario, presentarse a firmar el libro de control telemático y una caución económica.

También se estableció la prohibición de comunicarse con sujetos procesales dentro del mismo expediente.

Las abogadas son señaladas por el Ministerio Público (MP) dentro del caso Cooptación y Corrupción Judicial, del cual se desconocen detalles hasta ahora debido a que se encuentra bajo reserva.

La audiencia por este caso se inició la semana pasada y concluyó este lunes en la Torre de Tribunales. Mientras tanto, en las afueras permanecían integrantes de distintas organizaciones sociales expresándoles apoyo a Santizo y Sosa.

Cargos contra las exintegrantes de la CICIG y FECI

El decreto número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal de Guatemala, establece en el artículo 458, incluido en el título XIV de los delitos contra la administración de justicia, las penas por cometer el delito de colusión.

“Quien, mediante pacto colusorio o empleando cualquier otra forma ilícita, evite la citación o comparecencia a juicio de tercero o provoque resoluciones que perjudiquen los derechos del mismo”, detalla acerca de en qué casos se aplica.

De acuerdo con la normativa, quien cometa este delito será sancionado con prisión de seis meses a dos años y con multa de doscientos a dos mil quetzales.

“En iguales sanciones, además de las accesorias correspondientes, incurrirán los abogados que, a sabiendas, dirijan, patrocinen o realicen las gestiones y solicitudes respectivas”, añade.

Señaladas se pronuncian

Tras salir de la audiencia, la exmandataria de la CICIG se pronunció sobre la decisión del juez Pérez y resaltó que se les ligó a proceso por un delito distinto al que solicitó el MP.

“En la etapa intermedia vamos a demostrar que no existe ningún tipo de medio probatorio que permita determinar nuestra responsabilidad en ese delito por el cual hemos quedado ligadas”, dijo.

* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7

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