El Juzgado Octavo Penal remitió este martes 5 de septiembre a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de retiro de inmunidad planteada contra los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes.
El caso surgió en seguimiento a una denuncia que presentó el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en el Ministerio Público (MP) por supuesto fraude electoral, pues no está de acuerdo con los resultados del balotaje presidencial que dieron como ganador a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla.
La organización política señaló que el órgano electoral no cumplió con su obligación de garantizar elecciones transparentes el pasado 20 de agosto. Por ello, el expediente continúa avanzando el recorrido judicial para que el pleno de magistrados lo conozca y resuelva lo que considere.
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De acuerdo con datos del TSE, durante la segunda vuelta electoral se emitieron 4 millones 10 mil 382 votos válidos, de los cuales el binomio de Semilla obtuvo 2 millones 442 mil 718, equivalentes al 60.91%. En tanto, el partido verde, que postuló a Sandra Torres, obtuvo 1 millón 567 mil 664 votos válidos, es decir el 39.09%.
La UNE no acepta tales resultados y ha presentado distintas acciones ante los órganos de justicia y el TSE para dejar sin efecto el acuerdo 1659-2023, que oficializa los datos obtenidos en las urnas.
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Otro antejuicio contra magistrados del TSE
El MP presentó el pasado 23 de agosto las solicitudes de retiro del derecho de antejuicio contra tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Tal acción fue autorizada por la fiscal general, Consuelo Porras.
De acuerdo con información del Departamento de Información y Prensa del ente investigador, los señalados son la presidenta del órgano electoral, Irma Palencia, el magistrado titular, Mynor Franco, y el magistrado suplente, Álvaro Cordón.
Las acciones fueron planteadas por la Fiscalía de Delitos Administrativos por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, y resoluciones violatorias a la Constitución.
De acuerdo con la fiscalía, los integrantes del TSE pudieron haber incurrido en ilegalidades al declarar procedente la inscripción de Manuel Antonio Baldizón Méndez, teniendo pleno conocimiento que no cumplía con los requisitos.
* Con información de Oscar Canel, Emisoras Unidas 89.7
