El Tribunal Supremo Electoral (TSE), por medio de su mandataria judicial, María Lucrecia Morales, dio a conocer que presentaron “una cuestión de competencia” ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
Con ella se busca que la máxima corte delimite si un juez penal tiene facultades para poder solicitar la suspensión o cancelación de un partido político o una organización política, la cual fue constituida bajo el amparo de la Ley Electoral de Partidos Políticos, misma que es de carácter constitucional.
“Para ello, aparte de la presentación de documentos, hacemos mención también que ya existe una sentencia del 3 de noviembre de 2020, en la cual la CC se pronunció, dentro del expediente 65-96-2019, y en la que se puede conocer que la CC, dentro de sus facultades, le compete establecer la competencia entre organismos estatales y organismos autónomos”, añadió la abogada.
El Tribunal Supremo Electoral presenta Cuestión de competencia ante la @CC_Guatemala. pic.twitter.com/D8lUvwKB7R
— TSE Guatemala (@TSEGuatemala) September 14, 2023
Presentan amparo
Un día antes, el TSE también había acudido a la CC para presentar una acción de amparo, por medio del coordinador general de Asuntos Jurídicos, Abraham Álvarez, y la mandataria de dicha entidad, Lucrecia Morales Molina.
Dicha acción fue presentada para que se suspendan los allanamientos que realiza el Ministerio Público (MP) en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), derivado que realizan acciones que son de competencia exclusiva de los Órganos Electorales Temporales.
https://emisorasunidas.com2023/09/13/tse-presenta-amparo-cc-contra-mp/
Con esta acción legal, el TSE le explica al MP que los únicos órganos facultados para poder revisar el material electoral son el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las Juntas Electorales, en presencia de fiscales de los partidos, por ejemplo.
“La autoridad superior y la ley establece que los únicos que pueden revisar eso son las autoridades electorales”, aseguró Álvarez.
Además, el abogado indicó que lo que urgía en ese momento era proteger el voto que consta en las papeletas que los fiscales del Ministerio Público ya manipularon durante los allanamientos.
