Se suspendió la segunda reunión entre el Gobierno y autoridades ancestrales que estaba prevista para este miércoles 18 de octubre, en la cual se buscaría alcanzar algún consenso con el fin de encontrar soluciones ante la coyuntura nacional. Esto se dio al no permitirse el ingreso de medios de comunicación al encuentro.
Ante esta situación, los líderes indígenas indicaron que enviarán una carta para que se ponga en agenda un nuevo acercamiento y se dé respuesta a sus exigencias.
El primer y único acercamiento que se ha tenido hasta ahora para abordar este tema se dio el pasado 12 de octubre, en Casa Presidencial, con la presencia de seis representantes de las autoridades ancestrales, el presidente Alejandro Giammattei y delegados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que llegaron al país para ejercer acciones de mediación.
Los representantes de organizaciones indígenas le pidieron al mandatario solicitarle la renuncia a la fiscal general, Consuelo Porras; sin embargo, tras finalizar el diálogo sostenido, señalaron que no hubo avances para resolver la situación en el país, por lo que las protestas se mantendrían por tiempo indefinido.
El presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, explicó ante los medios de comunicación que Giammattei les dijo que por ley no puede hacer ese pedido.
“Entonces, el pueblo quiere seguir la lucha”, declaró Pacheco, tras salir de la reunión, acompañado por cientos de manifestantes.
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CC ordena a autoridades de Gobernación desalojar a manifestantes
La Corte de Constitucionalidad (CC) conoció este miércoles 18 de octubre una gestión presentada por el Ministerio Público (MP) en la cual denunció el bloqueo prolongado de su sede central, ubicada en el barrio Gerona, zona 1 capitalina. Esto se debe a que desde hace más de dos semanas hay presencia de manifestantes en el sector, quienes se pronuncian a favor de la democracia y exigen la renuncia de los fiscales Consuelo Porras y Rafael Curruchiche.
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El ente investigador ha señalado la falta de acción de parte del Gobierno para darle cumplimiento a las órdenes emanadas días atrás por el alto tribunal constitucional, con respecto a garantizar la libre locomoción. Y ha pedido reiteradamente que se retire a quienes obstaculizan el ingreso del personal de la institución y de quienes buscan ser atendidos en esas oficinas.
Su planteamiento fue trasladado a la CC y los magistrados emitieron una resolución hoy en la cual ordenaron a las autoridades del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) que se adopten las medidas pertinentes para restituir el orden público y se habilite el acceso pleno a las distintas sedes del MP, en un plazo que no exceda las seis horas.
