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Sala ordena emitir nueva resolución en caso “Plazas Fantasma”

Entre los sindicados en este proceso está el exdiputado Edgar Cristiani.

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo declaró con lugar un recurso legal planteado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en contra de la resolución del Juzgado de Mayor Riesgo “A” en la que se cerró el proceso penal a favor de 11 implicados en el caso denominado “Plazas Fantasma”. Con este fallo se ordenó emitir una nueva resolución valorando todos los indicios de investigación.

Entre los sindicados en este proceso está el exdiputado Edgar Cristiani, quien habría autorizado la creación de siete puestos laborales de manera irregular.

La resolución que benefició a los implicados fue emitida en septiembre de 2022 por la jueza Claudette Domínguez, quien al finalizar la audiencia de etapa intermedia del referido caso declaró el sobreseimiento.

La togada explicó que algunos de los indicios presentados reflejan incongruencias y debido a ello los señalamientos no encuadran entre los delitos que se les imputan, entre los que se incluyen abuso de autoridad, peculado por sustracción y extorsión.

También puede leer→ Caso Plazas Fantasma: Expresidente del Congreso, Pedro Muadi, recupera su libertad

Caso Plazas Fantasma

Los exdiputados son señalados en un caso de supuestas plazas “Fantasma” otorgadas en el Congreso de la República en el período 2014-2015, cuando integraban la junta directiva de ese organismo.

Las investigaciones del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalan que al menos a 87 personas se les otorgaron contrataciones de forma irregular.

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Giammattei no quiso reunirse con Brian Nichols, según dijo el mismo funcionario estadounidense. #AlejandroGiammattei #Giammattei #BrianANichols #Entrevista #EmisorasUnidas

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Se trata de plazas bajo el renglón 022, con salarios de entre Q10 mil y Q15 mil mensuales; sin embargo, los contratados no se presentaban a trabajar.

En algunos casos se estableció que las personas de las que Crespo avaló su incorporación al Legislativo laboraban en otras instituciones.

En la acusación se indica que el exparlamentario habría ordenado la contratación de 17 personas bajo el renglón 022, entre estas 12 asignadas directamente a la Presidencia.

Quienes estaban bajo su cargo altos sueldos, pese a que solo tenían escolaridad hasta diversificado.

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