El presidente Bernardo Arévalo confirmó este martes 16 de enero que derogará el acuerdo gubernativo número 320-2023, emitido en diciembre pasado por el exgobernante Alejandro Giammattei, por medio del cual se otorgan medidas de protección a los funcionarios del Ejecutivo por hasta cinco años tras salir de su cargo.
“Vamos a derogar este acuerdo. Estamos viendo ahorita simplemente los detalles legales porque es un abuso y es completamente ilegal (el uso de) los recursos”, dijo durante una breve conferencia brindada tras participar en una ceremonia maya en Kaminal Juyú.
Días atrás, en entrevista con una agencia internacional de noticias, Arévalo señaló que el primer paso de su administración sería revertir decisiones “absurdas” de su antecesor, entre las que incluyó la aprobación de esta normativa, que incluye asignar vehículos y agentes de seguridad para los exfuncionarios del Gobierno saliente (2020-2024).
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#AHORA El presidente @BArevalodeLeon anunció que será derogado el acuerdo firmado por el expresidente Alejandro Giammattei para darle seguridad a exfuncionarios de la anterior administración. Arévalo calificó como "un abuso" esa medida del gobierno saliente | Vía Léster Ramírez |… pic.twitter.com/bTQh2w9KHl
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 16, 2024
Acerca del acuerdo para brindar seguridad a exfuncionarios
La referida normativa, que fue oficializada por el exmandatario a pocos días de finalizar su gestión, detalla que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Al igual que los funcionarios en el ejercicio de su función pública son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.
Asimismo, se menciona que, por la naturaleza de las actividades propias del cargo que desempeñan los Ministros de Estado, Secretarios de la Presidencia, Viceministros de Gobernación, así como Directores Generales, Subdirectores Generales de la Policía Nacional Civil y otros servidores públicos de la cartera del Interior, pueden ser objeto de agresiones, represalias o atentados, aún con posterioridad a haberlo desempeñado.
“Por lo cual se hace necesario que el Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General de la Policía Nacional Civil y cualquier otra Unidad de la referida cartera, implemente medidas de protección de forma adecuada, profesional y técnica, en favor de aquellos exservidores que se encuentren en riesgo o amenaza real en razón de los servicios prestados”, señala.
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* Con información de Omar Solís y Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7
