Los secretarios generales de la Presidencia de la República, Juan Guerrero; y del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, expusieron sus argumentos en el marco de la denuncia que presentó el Ejecutivo ante la Contraloría General de Cuentas por el posible uso de fondos públicos para la persecución política de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero.
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo solicitó que se hagan auditorías al MP, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Finanzas, pues se habrían asignado Q461 mil 600 mensuales para el pago de un bufete en Estados Unidos que tendría a su cargo ciertas gestiones contra connacionales exiliados, utilizando como pretexto la defensa de los intereses del Estado.
Guerrero: “El bufete realizó una propuesta que fue avalada por la fiscal general”
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, Guerrero señaló que es preocupante que Pineda haya dado declaraciones irresponsables ayer, tras conocerse la denuncia, pues consideró que él mismo desnuda los intereses, a finales de 2021, donde se coludió con autoridades del Ejecutivo a perseguir sistemáticamente a los guatemaltecos.
“Él mismo reconoce que lo hace porque fue colocado en una lista de actor corrupto y antidemocrático, conjuntamente con otros funcionarios, entonces, él mismo está reconociendo que prácticamente hace ese llamado al presidente de la república, de aquel entonces, para perseguir a quienes lucharon contra la corrupción y que desnudaron todos los actos de corrupción dentro del MP y demás entidades del Estado”, dijo.
Compartió que la persecución a la que se hace referencia en la denuncia iría enfocada contra el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval; y la exfiscal general y exjefa del MP, Thelma Aldana, quienes habrían hecho publicaciones en redes sociales.
Juan Gerardo Guerrero, Secretario General de la Presidencia: "El trabajo de la Contraloría General de Cuentas será establecer si, efectivamente, se contrató al bufete en mención; cuántos contratos hay y cuál ha sido el objeto de este bufete. Y si los recursos del… pic.twitter.com/8NGcplQEDF
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El funcionario indicó que, al observar el cruce de oficios entre Pineda y las anteriores autoridades de Gobierno con respecto al tema, solicitaron la auditoría a la Contraloría, pero será el trabajo de esta institución establecer si efectivamente se contrató el bufete, las funciones que ha desempeñado y el estado de los contratos.
“Tenemos claridad que el bufete realizó una propuesta que fue avalada por la fiscal general, Consuelo Porras, y que tiene por lo menos dos contratos activos con el Ejecutivo, firmados a finales de 2021 y en 2022”, compartió el secretario de Presidencia.
Asimismo, dio a conocer que estas fechas coinciden con las visitas que realizaron Pineda y Porras a Casa Presidencial para reunirse con el expresidente Alejandro Giammattei.
Juan Gerardo Guerrero, Secretario General de la Presidencia: "Estaremos analizando las acciones que corresponden por el uso de recursos del Estado para fines inescrupulosos" pic.twitter.com/x1tQXcbZZr
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Por aparte, compartió que se encontró otro acto anómalo, pues el exmandatario también habría girado instrucciones a la Secretaría General de la Presidencia para que se iniciara persecución penal contra un periodista, el exfiscal Sandoval y otra ciudadana por publicaciones realizadas por redes sociales. Sin embargo, prefirió no brindar los nombres.
@emisorasunidas897 Denuncia contra Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público: por posible uso de fondos públicos para la persecución política de guatemaltecos en el extranjero. . . #MP #FiscalGeneral #AngelPineda #Denuncia #PersecucionGuatemaltecosExiliados #Corrupcion
Pineda: “El espíritu del oficio no es perseguir a personas en específico”
Durante una entrevista en Emisoras Unidas, Pineda reiteró que la denuncia en su contra “no tiene sustento jurídico”, pues señaló que el oficio enviado a Giammattei es claro y específico en un único sentido que derivado de situaciones que sufría el MP como institución, y tomando en cuenta que es un ente que forma parte del Estado, en consecuencia, le solicita analizar hacer defensa del Estado guatemalteco.
“Todo lo mencionado en lectura de la denuncia, lo que solicita el secretario a la Contraloría, no es lo que corresponde. Lo que se visualiza es lo adjunto en el oficio, un sinnúmero de acciones desde gobiernos internacionales que atacaban a la institución en su momento, generando manifestaciones específicas sin sustento. En consecuencia, se pedía que se pudiera generar información al respecto”, dijo.
Agregó que no se requirió nada relacionado con la contratación del bufete como, según sus palabras, falsamente lo establece el secretario general de la Presidencia.
Ángel Pineda, Secretario General del Ministerio Público: "Esto no es de sentimientos, es una cuestión jurídica. A final de cuentas, sabemos que la verdad va a salir a a la luz. Las cuestiones jurídicas llevan tiempo pero, eventualmente, nos darán la razón. Vamos a… pic.twitter.com/eeHxLxBrjP
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“El oficio no solicita ninguna contratación de ningún bufete, ninguna acción en específico, sino un análisis de los hechos que están sucediendo para determinar la forma en que se pueda realizar la defensa del Estado”, enfatizó.
Pineda también aseguró que desconoce si se contrató para los efectos en los que dice el secretario, aunque consideró que, de ser así, el bufete ya se habría puesto en contacto con el MP en los meses anteriores para abordar ese tema.
Esto porque, según compartió, hasta ahora se ha tenido cierta comunicación con ese despacho, pero para efectos de defensa por un arbitraje que se discute en EE. UU. y por el cual se necesitaba información de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
Ángel Pineda, Secretario General del Ministerio Público: "El oficio no solicita la contratación de ningún bufete; no solicita ninguna acción en específico. Lo que solicita es un análisis de los hechos que están ocurriendo para una defensa del Estado de Guatemala.… pic.twitter.com/9aEo4A4tMJ
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El entrevistado resaltó que está seguro que su persona no ha hecho uso del Estado para estas circunstancias en específico, sino que los hechos fueron sacados de contexto. Por ello, consideró que es importante que la Contraloría haga la auditoría respectiva para analizar todos estos documentos.
De igual forma, hizo la aclaración que este es un ente fiscalizador, entonces, el mecanismo que se promueve no es una denuncia, sino solicitud de auditoría.
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Explicó que el auditor respectivo a cargo del caso hace el análisis correspondiente y si hay responsabilidad administrativa se determina un hallazgo que, generalmente, deriva en la aplicación de una sanción monetaria, es decir, el pago de una multa. En tanto, si se establece que existe la posibilidad de incurrir en algún delito, es entonces cuando el propio auditor genera la denuncia correspondiente.
Finalmente, el secretario general del MP reiteró que el espíritu del oficio no es perseguir a personas en específico, sino ejercer una defensa del Estado y expuso que debe haber un debido proceso en torno al tema.
