El Juez, Víctor Cruz, suspendió la tarde de este martes 19 marzo, la audiencia del Caso de la Toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) por la ausencia de Julio Arreaga que según sus abogados defensores no asistió por no estar en condiciones de salud.
El juez a cargo del Juzgado Décimo Pluripersonal, quitó las órdenes de captura contra Marcos de la Rosa, Hengelber Blanco, Elmer Velásquez y Julio Arreaga por comparecencia al juzgado.
El juez además programó la audiencia para el 2 de abril de 2024.
#AHORA El juez Víctor Cruz suspende la audiencia del caso de la toma de la USAC por la ausencia de Julio Arreaga, quien, según sus abogados defensores, no asistió por problemas de salud. La audiencia fue reprogramada para el próximo 2 de abril | Vía @noel_solis pic.twitter.com/MNdY9Ymoml
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 19, 2024
De acuerdo con el Ministerio Público en el caso denominado “Toma de la Usac: Botín Político”, en el cual están señalados estudiantes y docentes universitarios, integrantes del partido Semilla, diputados actuales y electos, así como el binomio presidencial, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
La USAC presentó una denuncia en 2022 tras la toma “ilícita” de las instalaciones y un año después planteó otra por los daños causados al recinto. En ese sentido, el MP inició con las investigaciones en seguimiento a los hechos denunciados.
La fiscalía le solicitó a un juez competente la realización de diversas diligencias en calidad de anticipo de prueba, lo que permitió documentar los daños causados en el marco de la toma que duró 385 días. De esta manera se estableció un daño patrimonial estimado en Q90 millones. “Asimismo, se determinó que existió vandalismo, por ejemplo, la quema y robo de vehículos, sin dejar de lado los servicios sociales que la universidad dejó de prestar a la sociedad guatemalteca debido a esta situación”, destacó el MP.
En el 2010, la Usac fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes.
Al menos 250 mil estudiantes fueron perjudicados directamente al no poder recibir clases ni realizar trámites administrativos en la Usad durante más de un año. Ante ello, los universitarios afectados presentaron una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos.
