Los familiares del periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín denunciaron este martes 19 de marzo, que el exdirector de El Periódico lleva 600 días preso, sin haber sido condenado por algún delito.
En un comunicado divulgado por sus hijos, la familia de Zamora Marroquín señaló que los 600 días de prisión preventiva “sobrepasan el plazo legal” para privarle de su libertad sin una condena vigente, con base a la ley guatemalteca.
Además, recordaron que su padre ha vivido en condiciones consideradas como “tortura” durante su encarcelamiento y que las acusaciones en su contra son “espurias”.
#AHORA José Zamora, hijo del periodista José Rubén Zamora, compartió una denuncia pública en la que recuerda que su padre lleva 600 días en prisión. “A pesar de múltiples solicitudes presentadas conforme a la ley para revisar su prisión preventiva, la Cámara Penal aún no ha… pic.twitter.com/ltwsMPEYmg
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 19, 2024
Zamora Marroquín fue detenido el 29 de julio de 2022 por un supuesto caso de lavado de dinero, solo cinco días después de lanzar fuertes críticas por corrupción en contra de Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, durante el Gobierno de Alejandro Giammattei.
El comunicado de hoy también indica que la Cámara Penal del Organismo Judicial guatemalteco “no ha respondido” a las solicitudes del periodista para obtener arresto domiciliario y así salir de prisión mientras no tenga condena en su contra.
Sobre Zamora Marroquín hay al menos tres procesos judiciales distintos ordenados por el Ministerio Público (Fiscalía), cuya cúpula se encuentra sancionada por Estados Unidos bajo acusaciones de manipular la Justicia a su favor.
El periodista de 67 años fundó y presidió el matutino El Periódico desde 1996 hasta 2022, con más de mil reportajes de corrupción gubernamental documentados en sus páginas, incluyendo los escándalos que dieron paso a la caída del Gobierno del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015).
En 2023, Zamora Marroquín fue condenado a 6 años de prisión por el supuesto caso de lavado de dinero. Sin embargo, una sala de Apelaciones decidió anular la condena por anomalías en el proceso en su contra.
Durante el desarrollo del primer juicio, el periodista y organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron que se violentó su derecho de defensa al no permitir que presentara testigos y documentos de descargo.
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En ese mismo sentido, al menos cuatro de sus abogados fueron perseguidos judicialmente por el Ministerio Público, dejándolo prácticamente sin defensa en gran parte del proceso judicial.
Precisamente este miércoles el periodista encarará la etapa intermedia de uno de los procesos judiciales en su contra, específicamente por supuesta obstrucción a la Justicia.
