El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), presentó este miércoles 21 de agosto una solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra el presidente de la república, Bernardo Arévalo de León, por su presunta implicación en un caso de corrupción detectado en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).
En conferencia de prensa, el titular de la referida unidad, Rafael Curruchiche, explicó que en horas de la mañana se planteó la petición en el centro administrativo de Torre de Tribunales para el seguimiento correspondiente.
La fiscalía vincula al mandatario con supuestas órdenes ilegales para el pago a constructoras que tienen contratos con la mencionada cartera. Señala que existen listados firmados por él donde se asignan ciertas sumas a cada entidad, pero no se especifica el avance de las obras.
De acuerdo con Curruchiche, Arévalo habría instruido a la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, para que cumpliera con estos lineamientos de asignar fondos a entidades específicas.
“El presidente no puede llamar a su despacho a una ministra y decirle que haga ciertos pagos. No puede hacer eso, para ello cada ministerio tiene su titular y son ellos quienes deben ejecutar de acuerdo a su plan de trabajo”, resaltó el fiscal.
En ese contexto, indicó que se busca que se despoje de la inmunidad al gobernante para continuar con las investigaciones por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución.
#AHORA Rafael Curruchiche, titular de la FECI: “El día de hoy se presentó al Centro Administrativo de Torre de Tribunales el retiro de antejuicio en contra del señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León” | Vía @noel_solis pic.twitter.com/WJLr3imXgu
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 21, 2024
Caso que vincula a Arévalo
El caso que vincula a Arévalo fue presentado durante una rueda de prensa por el fiscal Rafael Curruchiche y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, ambos sancionados por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea bajo graves señalamientos de corrupción y de querer modificar los resultados electorales de 2023.
Esta investigación tiene como origen el despido en mayo pasado de la ministra de Comunicaciones en aquel momento, Jazmín de la Vega, a quien el gobernante removió del puesto después de que emitiera pagos a empresas constructoras sin su autorización.
De acuerdo a Curruchiche, la decisión arbitraria de Arévalo de León es ilegal y por ello han pedido la remoción de su inmunidad en el cargo, tras una denuncia lanzada por Ricardo Méndez Ruiz, dirigente de una fundación y también sancionado por Estados Unidos con la prohibición de ingreso a su territorio.
