El Ejecutivo confirmó este jueves 12 de septiembre que fue notificado con respecto a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre el rechazo de la acción de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, con cual buscaba destituir a distintos funcionarios.
Al respecto, el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, expresó que Porras, “de forma absurda y arbitraria”, pretendía el “encausamiento” inmediato del Presidente Constitucional de la República, Bernardo Arévalo. Asimismo, detalló que buscaba las destituciones de él, del Procurador General de la Nación, Julio Saavedra; y del ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos.
Porras presentó en julio pasado la debida ejecución de la resolución del amparo provisional otorgado dos meses atrás por el alto tribunal constitucional, que se dio en respuesta a acciones promovidas ante la “amenaza real” de que se iniciaran medidas relacionadas con la fiscalía y con gestionar su salida de la institución.
Sin embargo, al momento de conocer este planteamiento, los magistrados consideraron que no era procedente. En la parte resolutiva del fallo se lee en el numeral II: “. II) Sin lugar la solicitud de asistencia para la debida ejecución formulada por la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público”.
Mientras tanto, se establece en el numeral III, del mismo fallo sobre la situación de la Fiscal General; “porque las circunstancias hacen aconsejable mantener la protección interina”.
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La acción promovida por Porras
En su momento, el MP dio a conocer a través de redes sociales que el amparo fue presentado por la fiscal general el 5 de mayo “ante la amenaza real, cierta e inminente de que el Presidente de la República, César Bernardo Arévalo de León, continúe en forma arbitraria e ilegal tomando medidas políticas nacionales e internacionales, financieras y presupuestarias”.
También por la posibilidad de que siguiera promoviendo otras medidas de hecho que, según se indicó, “inciten a la violencia”, o bien acciones que puedan desembocar en “atentados” en contra de la integridad física y la vida tanto de la Fiscal General como de los funcionarios la institución.
La fiscalía indicó que dichas acciones tienden a coartar la autonomía funcional y económica del ente investigador y por ello buscaba que se diera el inmediato encausamiento de los funcionarios referidos. “Librándose para el efecto la certificación del conducente, para la iniciación del proceso penal correspondiente”, expresó Porras en la debida ejecución.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7
