Las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) brindaron este martes 8 de octubre una conferencia de prensa con el objetivo de actualizar la información relacionada con acciones judiciales y el seguimiento que se le ha dado al caso B410, el cual ha sido descrito como “el mayor fraude tributario en la historia de Guatemala”.
El superintendente Marco Livio Díaz explicó que, hasta la fecha, 21 empresas involucradas han presentado amparos y a 10 de estas se les ha otorgado provisionalmente por parte de una Sala de Amparos en Materia Tributaria, por lo cual ya se han presentado las impugnaciones correspondientes.
“Nuestra posición es que, si quieren ejercer el comercio y tener derecho a desarrollar actividades mercantiles, no puede ser a través o con fondos del Estado de Guatemala y de todos los guatemaltecos. Deben pagar los impuestos y no es posible que se hayan quedado con el IVA y sigan trabajando; deben de regularizar su situación tributaria, por lo menos en el IVA y después poder seguir ejerciendo. Por eso, hemos apelado ante la Corte de Constitucionalidad los 10 amparos que se han otorgado”, dijo el funcionario.
Añadió que de los otros 11 contribuyentes que han planteado estos recursos ya hay uno que fue denegado y los otros 10 se siguen litigando en las salas de acuerdo con los procedimientos establecidos. En ese contexto, la SAT fue notificada al respecto y se le brindó un plazo de 48 horas para presentar informe circunstanciado previo a que sean resueltos los amparos.
Seguimiento del caso
El jefe de la SAT recordó que en el período 2021-2023 se detectó que había facturación sin sustancia económica por un monto que asciende a Q517.2 millones, más Q300 millones que fueron las demandas presentadas por impuestos, así que se superan los Q800 millones que, según sus palabras, le hacen falta al erario nacional.
Detalló que los más de Q500 millones de los que se habla provienen de nueve contribuyentes que le compraron al grupo B410 un monto de Q77.4 millones. Luego siguen cinco constructoras que también compraron a la estructura, una parte Q37.6 millones y la otra Q27.2. Aparte, se tiene otros 16 contribuyentes, a los que califican como “el top de ventas al Estado” por ser bastante grandes, los cuales le compraron a la estructura Q375 millones.
Al respecto de estas entidades, Díaz agregó que todas las adjudicaciones o lo que le vendieron al Estado ascienden a Q5 mil 241 millones. Explicó que lo que llamó la atención sobre posibles irregularidades en este marco fue la baja cuantía en el pago de impuestos.
“Lo que provocó la persecución de la SAT fue la baja cuantía, ya que hubo compañías cuya tributación fue realmente nula, tanto en el Impuesto al Valor Agregado como en el Impuesto Sobre la Renta”, compartió.
#AHORA Marco Livio Díaz, Superintendente de SAT, sobre el caso B410: “Todavía es una investigación intermedia (…) Todavía falta bastante trabajo que hacer. Seguiremos investigando. Este caso tendrá otro año de investigaciones, por lo menos” pic.twitter.com/Dg7X1jtRgX
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 8, 2024
Añadió que, en total, se detectaron 410 empresas que presentaban anomalías y están siendo investigadas por posiblemente ser parte de la estructura. Esto se determinó al observarse que tenían el mismo representante legal, domicilios no localizados, alteración de documentos de registro y falta de sustancia económica.
De igual forma, enfatizó que si muchas de las empresas hubieran respondido a la fiscalización, no se hubiera llegado al grado que llegó el caso. “Muchos dicen que hemos actuado drásticamente, pero quiero dar ejemplos, tienen direcciones no correctas y no fue posible notificarles las auditorías”, añadió.
Algunas no fueron localizadas, pero hubo otras que sí pero en su momento presentaron amparos para evitar la fiscalización. Otras, en tanto, pidieron tres meses de plazo, amparados en que habían perdido la documentación de contabilidad y necesitaban rehacerla, entre otras excusas.
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Contribuyentes inhabilitados y otros que regularon su situación ante la SAT
En el marco de la atención que se ha brindado a los contribuyentes involucrados en el caso B410, el titular de la SAT explicó que 30 contribuyentes fueron inhabilitados del Régimen del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por inconsistencias en el correcto cumplimiento de sus obligaciones.
Sin embargo, hasta ahora 11 han sido habilitados, nueve por los amparos provisionales que se les otorgaron y dos debido a que han pagado los impuestos demandados y han sido restituidas en sus derechos.
Asimismo, hay 32 contribuyentes inhabilitados en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), aunque ya seis de estos han sido habilitados nuevamente, cuatro por tema de amparos provisionales y dos porque solventaron su situación al respecto de las inconsistencias detectadas por la SAT.
