El Gobierno de Guatemala presentó este jueves 7 de noviembre la Política Nacional de Seguridad y la Agenda Estratégica de Seguridad 2024. El presidente Bernardo Arévalo participó en la actividad de lanzamiento que se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura.
El mandatario mencionó que uno de los grandes desafíos de su gobierno es garantizar la seguridad de todos y todas las guatemaltecas. “La efectividad que logremos en esta tarea depende en gran medida de la forma en que entendamos la seguridad”, expresó.
En ese contexto, señaló que durante las últimas décadas la gestión pública en esta materia priorizó acciones represivas, reforzadas por discursos de criminalización y estigmatización.
“La sociedad se desgarró y el Estado se convirtió en perpetrador principal de violaciones a los derechos humanos que afectaron a cientos de miles de personas, especialmente a pueblos indígenas, a mujeres, a niños y niñas. Esta tragedia colectiva, una de las más grandes de la historia, tuvo su corolario en la instalación en el poder de actores de concepciones antidemocráticas que, hasta el día de hoy, persisten”, expresó.
Sin embargo, indicó que la respuesta de la sociedad a este problema quedó plasmada en los Acuerdos de Paz, donde uno de los caminos más importantes que se trazó fue la reforma al tema de seguridad.
Hemos actualizado la Política Nacional de Seguridad, enfocando los esfuerzos en la prevención del delito y la protección de toda la población. 🛡️#GuatemalaSaleAdelante con políticas de seguridad que fortalezcan la paz, democracia y justicia para todas y todos. 🇬🇹 pic.twitter.com/Hg71vJ3U5l
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) November 7, 2024
De la represión, hacia un camino de seguridad enmarcado en la democracia
Arévalo resaltó que durante su administración se ha actualizado la política nacional de seguridad democrática, ajustándola al contexto actual de amenazas y de riesgos que se está enfrentando en el país.
Según sus palabras, la gestión de seguridad cambió, ya que no se seguirán protegiendo los intereses de pocos, sino ahora el enfoque será a toda la población.
“La idea subyacente es que todas las instituciones del Estado y especialmente las de seguridad, están al servicio del bienestar de las personas, de sus derechos, de sus libertades. Y lo deben hacer en el marco de un estado democrático de derecho y del respeto a los derechos humanos”, enfatizó Arévalo.
También indicó que, mediante un proceso participativo y diverso, basado en el diálogo y en el entendimiento mutuo de las distintas posiciones sobre lo que debería ser la seguridad en una sociedad en paz, a nivel centroamericano se sentaron las bases conceptuales y normativas de lo que se convirtió en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.
Explicó que el referido acuerdo fue firmado por los presidentes de esta región en 1995 como expresión de un corte con el pasado autoritario y de confianza en el futuro democrático que como región se tenía por delante.
Finalmente, señaló que en este tratado se enmarca la seguridad, la democracia y el desarrollo humano como íntimamente vinculados. Y el compromiso asumido por las naciones signatarias es que el Estado debe desplegar toda su capacidad institucional para hacer efectivos estos derechos, y justamente esta política presentada hoy es la que define esa ruta, puntualizó.
