La Justicia argentina llevó a cabo una serie de 35 allanamientos que sacudieron al mundo del fútbol local, con procedimientos simultáneos en la sede central de la AFA, el predio de Ezeiza y en 17 clubes de distintas categorías. Las medidas forman parte de una investigación que busca determinar si existieron maniobras de lavado de dinero vinculadas a Sur Finanzas, una firma relacionada con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Durante los operativos, la Policía Federal secuestró documentación, computadoras y otros dispositivos electrónicos con el objetivo de reconstruir posibles movimientos económicos irregulares.
Uno de los procedimientos más relevantes tuvo lugar en el edificio de Viamonte 1366, sede histórica de la AFA, donde los investigadores intentan confirmar si hubo conexiones formales o informales entre la institución y la financiera. También se allanó el predio de Ezeiza, centro operativo de la Selección Argentina, así como el domicilio donde funciona la Liga Profesional. Según fuentes judiciales, el propósito es analizar contratos, convenios comerciales y documentación contable que pueda aportar claridad sobre el rol que Sur Finanzas habría tenido en las finanzas de diferentes clubes.
Los allanamientos en la sede de la AFA apuntan contra Claudio 'Chiqui' Tapia
Entre las instituciones allanadas figuran Independiente, Racing y San Lorenzo, tres de los cinco grandes del fútbol argentino, además de Barracas Central, el club fundado por el propio Tapia y presidido actualmente por su hijo. También fueron incluidos Acassusso, Banfield, Platense, Los Andes, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Morón, Excursionistas, Dock Sud, Deportivo Armenio, Temperley, Victoriano Arenas y Recreativo Estrella del Sur. Algunos de estos clubes mantienen a Sur Finanzas como sponsor en sus camisetas, mientras que otros habrían recibido préstamos cuya devolución —sospecha la Justicia— podría haberse concretado mediante derechos de televisación o acciones de marketing.
La fiscal Cecilia Incardona solicitó levantar el secreto fiscal y bancario de las instituciones investigadas para poder acceder a sus movimientos financieros en detalle. La hipótesis principal sostiene que Sur Finanzas habría otorgado préstamos a distintos clubes y luego recuperado esos fondos a través de ingresos oficiales, lo que permitiría encubrir posibles maniobras de lavado de dinero. En paralelo, continúa el análisis del teléfono celular entregado recientemente por Vallejos, uno de los principales investigados, quien inicialmente se había negado a ponerlo a disposición de la Justicia.
A medida que se procesen los documentos y los datos incautados, la Justicia buscará determinar si se trató de simples acuerdos comerciales o de un entramado organizado para desviar fondos y dar apariencia de legalidad a operaciones irregulares. Por ahora, el caso sigue en pleno desarrollo y mantiene en vilo a instituciones, dirigentes y organismos del deporte más popular del país.
