La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, anuló las resoluciones emitidas por el juez Erick García del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, con las cuales, se revocó la suspensión de funciones a los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que están siendo procesados dentro del caso TREP.
En la resolución dictada en el marco de la audiencia de recusación, la Sala Tercera de Apelaciones integrada por los magistrados Alejandro Prado, Ingrid García y Mario Hernández también certificó lo conducente en contra del juez García, indicando que no tenía la facultad para emitir resoluciones dentro del caso, ya que el contralor del caso es el Juez "B" Mario Hichos.
Asimismo la Sala de Apelaciones dio sin lugar la recusación planteada por el Ministerio Público (MP) en contra de Mario Hichos.
Además, la referida instancia le dio al juez Hichos un plazo de 24 horas, que corren al momento de recibir la ejecutoria, para dar cumplimiento a la orden de la sala se anular todo lo actuado por el juez García.
El magistrado presidente del TSE, Gabriel Aguilera Bolaños, manifestó que continuarán en sus funciones porque la resolución emitida no está en firme.
"Es el inicio de una batalla legal, esperábamos este tipo de resoluciones, seguimos confiando en el sistema de justicia, vamos a plantear las acciones que corresponden, de momento no adquiere firmeza, por lo que vamos a continuar adelante con nuestro trabajo, esperamos acudir a otras instancias", manifestó Aguilera.
La Orden de la Sala debe ser acatada por el juez Hichos en un plazo de 24 horas luego de recibir la debida ejecutoria, es decir hasta que la resolución este firme.
Caso TREP
A mediados del año pasado, la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal ordenó que el expediente del caso TREP fuera enviado al Juzgado Segundo Penal; sin embargo, ambos jueces fueron recusados por el ente investigador.
En el marco de este expediente judicial, las autoridades electorales enfrentan proceso penal y no pueden acercarse a las sedes del TSE ni comunicarse con el personal de la institución, lo que les impide desempeñar funciones hasta resolver su situación.
La fiscalía les atribuye a los togados una serie de irregularidades en el proceso de adquisición del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que se utilizó en el más reciente proceso de elecciones generales.
Al respecto, los magistrados han asegurado en distintas ocasiones que se verificó ampliamente que se cumplía con todos los requisitos técnicos, de equipamiento, logísticos y de infraestructura para la transmisión de resultados preliminares de votación.
Sin embargo, el Ministerio Público considera que hubo anomalías, incluso se habla de una posible sobrevaloración. En ese contexto, a los magistrados titulares del TSE se les atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
El ente investigador sostiene que el supuesto fraude se cometió porque los funcionarios denunciados autorizaron la adjudicación y suscripción del contrato de adquisición por Q148 millones, mientras la segunda oferta era por Q113 millones y que, además, incluía hardware operativo y la infraestructura de telecomunicaciones.
Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*
