La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó in limine una solicitud de retiro de antejuicio planteada por las autoridades ancestrales en contra de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.
La referida acción fue promovida en 2023 por los 48 Cantones de Totonicapán por considerar que estas personas intentaron frenar la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, electos en ese año.
De acuerdo con la resolución que se dio a conocer este jueves 23 de enero, se resolvió rechazar el recurso porque, a criterio de los magistrados, el mismo tenía base política y no jurídica.
Las autoridades indígenas buscaban que se les retirara la inmunidad a los funcionarios del Ministerio Público y al togado con el fin de que pudieran ser investigados y determinar si incurrieron en irregularidades.
Los denunciantes expusieron en su momento que el actuar de Porras, Curruchiche y Orellana consistía en un "atentado a la democracia" del país, tomando como base el caso que presentaron contra el partido político Movimiento Semilla, con el cual Arévalo y Herrera compitieron en el evento electoral.
A criterio de los 48 Cantones, esa investigación y las diversas medidas implementadas por los señalados contra las autoridades electas formaban parte de una línea enfocada en anular los resultados de las votaciones generales, irrespetando así la decisión de la ciudadanía.
Sin embargo, la CSJ no compartió estas argumentaciones y decidió recientemente rechazar la solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra los funcionarios.
Fiscales y juez están sancionados por EE. UU.
La jefa de la Fiscalía, Consuelo Porras, perdió su visa en 2022 cuando fue sancionada por los Estados Unidos acusada de actos de corrupción y de obstruir la justicia en casos de alto impacto.
En 2023, otros tres fiscales de alta jerarquía se unieron a la Lista Engel de los Estados Unidos, acusados de haber intentado anular la victoria electoral del presidente Arévalo. También el juez Orellana está sancionado por la nación norteamericana.
En Guatemala, durante el primer año de Gobierno de Arévalo, la Fiscalía continúo con procesos penales contra funcionarios y desde entonces ha existido cierta disputa con el mandatario.
El pasado 14 de enero el presidente cumplió un año en el poder, luego de haber ganado sorpresivamente las elecciones de 2023 y enfrentar intentos de la Fiscalía por revertir los resultados electorales y evitar su asunción.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
