El Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), ordenó este lunes 19 de mayo el traslado de prisión del exdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Santos Neill, quien se encuentra siendo procesado dentro del caso "Corrupción Semilla".
De acuerdo con la orden judicial, el exfuncionario electoral debe ser llevado del centro de detención de Mariscal Zavala, ubicado en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, hacia el preventivo para varones de la zona 18.
Además, el juzgado le dio un plazo de una hora al Sistema Penitenciario para informar si se cumplió con la instrucción emitida.
Tras el traslado de Santos Neill, el Sistema Penitenciario informó que se dio: " en cumplimiento del mandato legal que respalda el actuar de la institución y que obliga a la DGSP a mantener la seguridad de la población privada de libertad y salvaguardar su integridad física".
En ese contexto, se indicó que, nuevamente, fue trasladado al Centro de Detención de la zona 17, con base en lo que indica la Ley del Régimen Penitenciario respecto a "situación de emergencia", en total observancia y respeto de sus derechos fundamentales.
Este es el segundo caso que se registra en menos de una semana, pues el pasado viernes el mismo juzgado ordenó que el abogado Eduardo Masaya, también procesado por el caso Semilla, fuera ingresado al Preventivo de zona 18. Sin embargo, tras el análisis respectivo, fue retornado a Mariscal Zavala.
Señalamientos contra exdirector de Informática del TSE
El Ministerio Público señala a Santos Neill de que, aprovechándose de su cargo en el TSE, benefició al partido suspendido Movimiento Semilla en el proceso electoral. Esta agrupación ganó las presidenciales y Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieron al frente del Ejecutivo para un período de cuatro años.
Los cargos que se le atribuyen son abuso de autoridad con propósito electoral, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica con agravación electoral.
En noviembre pasado, un órgano jurisdiccional resolvió otorgarle medidas sustitutivas al sindicado, una decisión contra la cual el Ministerio Público presentó una apelación para dejarla sin efecto.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
