La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó, por mayoría, el amparo provisional a favor del periodista José Rubén Zamora, lo que deja sin efecto la apelación interpuesta por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). La decisión ratifica lo resuelto por la Cámara de Amparo y Antejuicio en enero de 2025, que suspendió la prisión preventiva ordenada por la Sala Segunda de Apelaciones en el primer proceso judicial abierto contra el comunicador.
Zamora fue arrestado en julio de 2022, señalado por el delito de lavado de dinero por Q300 mil, monto que —según su defensa— provenía de la venta legítima de una obra de arte, transacción que tenía como fin cubrir salarios de trabajadores del medio elPeriódico, del cual era presidente. Diversos sectores nacionales e internacionales han calificado el caso como un intento de criminalizar el ejercicio periodístico y han cuestionado el uso excesivo de la prisión preventiva.
Aunque la CC validó el amparo que permitió el otorgamiento de medidas sustitutivas —como el arresto domiciliario— en este primer caso, Zamora continúa en prisión debido a un segundo expediente judicial, en el cual enfrenta cargos por obstrucción a la justicia y falsificación de documentos. En ese proceso también se le había otorgado arresto domiciliario, pero la Sala Tercera de Apelaciones revocó dicha medida, manteniéndolo en la cárcel Mariscal Zavala.
Cámara de Amparo aún sin resolver amparo de Zamora
Ahora queda pendiente que la Cámara de Amparo y Antejuicio resuelva una nueva petición para que el amparo también se extienda al segundo caso. De ser así, y si los jueces le restablecen las medidas sustitutivas, el periodista podría recuperar su libertad tras casi tres años de prisión.
La defensa de Zamora sostiene que ha cumplido con todos los requerimientos judiciales y que no existen razones fundadas para mantenerlo privado de libertad. El caso sigue siendo observado por organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que lo consideran emblemático en la lucha contra el uso indebido del sistema penal para silenciar voces críticas.
