La Unión Europea (UE) mantiene y refuerza su régimen de sanciones contra personas y entidades en Guatemala que, según sus análisis, contribuyen al deterioro de la democracia y el estado de derecho en el país. Así lo confirmó en un comunicado oficial en el que detalla que estas medidas restrictivas son el resultado de meses de evaluación minuciosa y son adoptadas por unanimidad por los 27 Estados Miembros.
El régimen sancionatorio tiene como objetivo castigar a quienes estén implicados en acciones que socavan la democracia, intimidan a funcionarios públicos o autoridades electas democráticamente, o persiguen a operadores de justicia, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil. Para la UE, es fundamental contar con evidencia suficiente que respalde la implicación directa de los sancionados en estas actividades.
Sanciones más recientes
Entre las sanciones más recientes, adoptadas el 12 de junio de 2025, se encuentran medidas contra el juez Jimi Bremer, Ricardo Méndez-Ruiz, Raúl Falla y la Fundación contra el Terrorismo. La UE advirtió que mientras el régimen esté vigente, pueden añadirse más personas o entidades a la lista negra.
El régimen para Guatemala fue establecido en enero de 2024, tras un seguimiento exhaustivo del proceso electoral de 2023 y la evaluación del deterioro institucional. A pesar de que la Misión de Observación Electoral de la UE concluyó que no hubo fraude, la continuación de acusaciones infundadas por algunos de los sancionados ha contribuido a la desestabilización política, motivo por el cual el Consejo de la UE decidió imponer estas sanciones específicas.
La UE no es la única entidad que ha expresado su preocupación por el estado de la democracia en Guatemala. La Relatora Especial de la ONU sobre independencia judicial, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también han alertado sobre los retrocesos democráticos y la instrumentalización de la justicia en el país.
Las sanciones aplicadas incluyen la prohibición de entrada y tránsito en territorio europeo, así como el congelamiento de fondos y recursos económicos vinculados a los sancionados. Además, se impide que recursos provenientes de la UE beneficien a estas personas o entidades.
Este régimen de sanciones forma parte de un enfoque político más amplio de la UE para promover la paz, la democracia y los derechos humanos a nivel global. En América Latina, además de Guatemala, la UE aplica regímenes similares en Nicaragua, Venezuela y Haití, países que también enfrentan graves retrocesos en materia democrática y de derechos fundamentales.
El Consejo de la Unión Europea revisa anualmente estos regímenes para evaluar su vigencia y necesidad, y así mantener la presión sobre quienes amenazan el estado de derecho y la estabilidad democrática en la región.
