La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo B el levantamiento parcial de los beneficios otorgados al expresidente Otto Pérez Molina, tras su aceptación de cargos en el caso Cooptación del Estado, debido a que no cumplió con el pago de la reparación digna impuesta como parte de su condena.
La audiencia para conocer esta solicitud fue programada para el 24 de junio, y en ella se evaluará si se revocan los beneficios procesales otorgados al exmandatario, lo que podría implicar su retorno a prisión.
Condena de Otto Pérez Molina
Pérez Molina fue condenado el 6 de septiembre de 2023 a 8 años de prisión luego de declararse culpable de los delitos de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero, en el marco de un procedimiento de aceptación de cargos. El 30 de octubre del mismo año, el juez de Mayor Riesgo B determinó que debía pagar Q4 millones al Estado como reparación por los daños causados durante su administración.
El plazo para cumplir con el pago venció el 31 de mayo de 2024, pero el expresidente no hizo efectivo el monto. Ante esto, el juez pidió a las partes procesales que se pronunciaran sobre la posibilidad de revertir los beneficios y enviar nuevamente a prisión al exgobernante.
Según el abogado defensor, César Calderón, Pérez Molina no ha podido pagar la totalidad de la suma porque sus cuentas bancarias permanecen embargadas, incluidas aquellas que legalmente no deberían estarlo. "La cuenta de salarios no se puede embargar, pero está embargada", afirmó.
Calderón también indicó que su cliente ha realizado un pago parcial y que, en caso de no poder completar el monto, correspondería pagar la conmuta de la pena, no regresar a prisión.
El caso Cooptación del Estado se derivó de la investigación del caso La Línea. Según la extinta CICIG y el MP, altos funcionarios del gobierno de Pérez Molina participaron en una red de lavado de dinero y corrupción destinada a financiar al Partido Patriota en 2011.
