El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) de Argentina presentó un informe titulado "¿Eficacia o impunidad? El desempeño del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras 2018-2025", en el que se señala una reducción significativa en la capacidad de respuesta del Ministerio Público (MP) durante los años en que Porras ha dirigido la institución.
El estudio muestra que la eficacia del MP se redujo a la mitad en el periodo analizado, pasando del 14 % durante los primeros años a un 6 % en la actualidad. Esta disminución se refleja en la gran cantidad de casos que no han obtenido una respuesta efectiva, ya que entre 2024 y 2025 el 93.56 % de las denuncias ingresadas no lograron resolverse con resultados satisfactorios.
Julián Alfie, director ejecutivo del INECIP, indicó durante una entrevista en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas que la institución ha recurrido con mayor frecuencia a figuras jurídicas como la desestimación y el archivo de casos, incluso en aquellos con alto impacto social.
Según el informe, el 74.44 % de los casos ingresados en 2024 y 2025 fueron desestimados, mientras que el 27.69 % se archivaron sin avanzar en las investigaciones.
Aumento de presupuesto en el MP
El informe también destaca que, a pesar de un aumento considerable en el presupuesto del MP —que pasó de Q1,842 millones en 2018 a Q4,828 millones en 2025, un incremento del 162%—, los resultados han sido menores, reflejando un retroceso en la lucha contra la corrupción.
Un aspecto particularmente "preocupante" señalado en el documento es el deterioro del trabajo de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI), que según el INECIP ha dejado de ser una fiscalía enfocada en perseguir delitos para convertirse en una herramienta de persecución política. Los casos emblemáticos relacionados con los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei no han mostrado avances significativos.
En el informe presentado por INECIP se destaca un retroceso en la lucha contra la corrupción, con un masivo cierre de casos que habían sido investigados por la FECI y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Finalmente, el informe subraya que de las denuncias presentadas por la Comisión Nacional contra la Corrupción, un 20 % han sido desestimadas, mientras que el 80 % restante están siendo investigadas sin resultados concretos hasta la fecha.
