Organizaciones internacionales emitieron un pronunciamiento este martes 8 de julio con respecto a la situación que enfrentan los exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes llevan más de dos meses en prisión preventiva.
El Ministerio Público (MP) acusó a Pacheco, actual viceministro de Energía y Minas, y al extesorero de la organización indígena de incurrir en terrorismo y sedición por ser supuestamente responsables, junto a otras cuatro personas, de "actos violentos" cometidos durante las protestas cívicas de 2023 en defensa de los resultados de las elecciones que dieron el triunfo al presidente Bernardo Arévalo.
Por medio de un comunicado, denunciaron la detención "arbitraria" y "criminalización" de autoridades indígenas de Guatemala. Asimismo, exigieron que el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial cumplan con el debido proceso y plazo razonable para resolver la situación legal de ambos.
"Condenamos el uso abusivo del delito de terrorismo como herramienta para criminalizar la protesta social. La imputación de este delito, junto con el de asociación ilícita amenaza el legítimo ejercicio de los derechos de libertad de asociación y reunión pacífica, además de perseguir formas propias de la institucionalidad ancestral indígena", expusieron.
De igual forma, recordaron que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que las autoridades deben abstenerse de utilizar leyes antiterroristas para penalizar el ejercicio de estos derechos.
MP asegura tener "sinnúmero de medios de investigación" en caso contra Pacheco
Klayber Sical, fiscal de sección de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, explicó que la investigación contra los exlíderes de los 48 Cantones se inició ante denuncias recibidas con respecto a hechos ocurridos desde octubre de 2023 hasta enero de 2024.
En una conferencia que brindó semanas atrás, mencionó que los hechos expuestos señalan que hubo quienes intentaron tomar control del MP para garantizar impunidad a ciertos actores. Por ello, la fiscalía a su cargo asumió la investigación de los posibles actos delictivos.
Según sus palabras, se trató de una investigación estratégica, técnica y sustentada en medios de investigación convincentes de la que hoy se presentan resultados concretos.
"La Fiscalía recibió una denuncia donde se establecían hechos violentos donde se alteraba la seguridad y el estado constitucional e institucional del país. No se está criminalizando el derecho a la manifestación ni libre expresión del pensamiento, como se ha indicado, ni tampoco se está criminalizando a ningún grupo en específico", dijo.
Finalmente, aseguró que la investigación logró individualizar a cinco personas y, además, se lograron obtener "sinnúmero de medios de investigación" que hacen creer que las actitudes y los hechos de los sindicados son constitutivos de delito.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7
