El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) implementaron este viernes 25 de julio una serie de diligencias en el marco del operativo "Rescatando el departamento de Guatemala", enfocado en hacerle frente a una serie de hechos ilícitos.
Según detalló el Departamento de Información y Prensa del ente investigador, se llevaron a cabo 96 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, en inmuebles ubicados en los municipios del departamento.
Las acciones fueron coordinadas por la Fiscalía de Distrito Metropolitano, que trabajó en conjunto con el Fiscal Regional Metropolitano, y las Fiscalías Municipales de Amatitlán, Chinautla, Mixco, Palencia, San Juan Sacatepéquez, Santa Catarina Pínula, Villa Canales y Villa Nueva; así como de las Agencias Fiscales en los municipios de Chuarrancho, Fraijanes, San José del Golfo, San José Pinula, San Miguel Petapa, San Pedro Ayampuc, San Pedro Sacatepéquez y San Raymundo.
"El objetivo de este operativo es contrarrestar fenómenos criminales, desarticular puntos de venta de droga, localizar armas de fuego, entre otros ilícitos, así como recabar información que fortalezca investigaciones en curso por múltiples delitos entre los cuales figuran asesinato, homicidio, extorsión, lesiones, robo, hurto, amenazas, entre otros", explicó la oficina.
Resultados del operativo
En conferencia de prensa, las autoridades del MP dieron a conocer los resultados preliminares del operativo, entre los que se incluye la ejecución de 10 órdenes de aprehensión, entre ellas, dos por asesinato.
Los demás detenidos corresponden a señalamientos por delitos como siembra y cultivo, negación de asistencia económica, extorsión, robo de equipo terminal móvil, tenencia ilegal de armas de fuego, utilización de equipos móviles de dudosa procedencia.
Asimismo, se reportó el decomiso de indicios que serán analizados para continuar con los procesos de investigación abiertos en distintos casos. Mientras tanto, las diligencias siguen en desarrollo.
Los fiscales del MP enfatizaron su compromiso de mantener las acciones enfocadas en contrarrestar fenómenos criminales y delitos que atentan contra los bienes jurídicamente tutelados de la población guatemalteca.
