En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora este sábado 9 de agosto de 2025, el Gobierno anunció una iniciativa de ley que busca invertir fondos públicos en tierras comunales, manteniendo la integridad de los territorios. En una conferencia de prensa del pasado jueves, la alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, Dina Juc, explicó que con estas acciones se promueve la reforma del artículo 30 Bis de la ley orgánica del presupuesto, para que se pueda invertir en propiedades que no precisamente estén a nombre del Estado.
En ese contexto, el citado artículo afirma que: "Para efectos de ejecución de las obras de infraestructura que el Estado construya y que incrementen el capital fijo, deberán ejecutarse en inmuebles cuya propiedad o posesión sea del Estado, incluyendo municipios y entidades descentralizadas y autónomas. Bajo ningún caso se podrán realizar construcciones en inmuebles que se encuentren inscritos en los Registros de la Propiedad a nombre de personas individuales o jurídicas de carácter privado".
Por esa razón, Juc mencionó que la iniciativa de ley que el Ejecutivo presentará contempla la inversión de obras públicas en tierras de propiedad comunal indígena, manteniendo la integridad del territorio. En ese sentido, la funcionaria añadió que la citada ley impide la inversión en estos territorios, porque no están a nombre del Estado.
Violaciones del artículo en mención
Además, Juc mencionó que actualmente, para que una obra sea ejecutada, la ley del presupuesto exige que la propiedad o parte de ella sean cedidas al Estado. Según la alcaldesa, esa ley se ha usado "como justificación para despojar a muchos pueblos indígenas de sus tierras comunales, a dividir sus territorios con el pretexto de ejecutar proyectos de desarrollo o para negar la inversión pública en obras y proyectos esenciales para los territorios indígenas".
La funcionaria argumentó que la ley mencionada "invisibiliza nuestras formas propias de tenencia y gestión del territorio, y profundiza las históricas desigualdades sociales", debilitando la integridad territorial. Juc añadió que estas prácticas violan el derecho a la protección especial de sus tierras, contenido en artículo 67 de la Constitución Política de la República.
Además, este artículo "contraviene estándares internacionales y otros compromisos asumidos por el Estado en materia de Derechos Humanos", argumentó la funcionaria indígena.
