El Juzgado de Primera Instancia Penal y el Tribunal de Sentencia Penal Especializados en delitos de extorsión quedaron instalados en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, aunque hasta este lunes 11 de agosto todavía no habían iniciado funciones.
El nuevo edificio del Organismo Judicial (OJ) se encuentra ubicado en la 4ª avenida 13-16 del referido sector, donde en las últimas semanas se mantuvieron en desarrollo los procesos para poder habilitar los ambientes necesarios y continúan los trabajos finales.
Durante el fin de semana, el personal del OJ utilizó camiones para concluir con la movilización del mobiliario y equipo que será colocado en las judicaturas y salas de audiencias.
Este traslado se cumplió 15 días después de lo previsto debido al atraso generado por la paralización de labores en el inmueble por disposición del Juzgado de Asuntos Municipales de Guatemala debido a se estableció que no se contaba con los permisos de construcción correspondientes.
Sobre este tema, se consultó en varias ocasiones con la Secretaría de Comunicación Social y Protocolo del OJ, pero no hubo respuesta, por lo que se desconoce cómo se resolvieron los inconvenientes de la referida suspensión.
El contrato de arrendamiento de este inmueble fue adjudicado a Eduardo Benjamín Argueta y tiene un valor de más de Q2 millones, los cuales serán pagados en mensualidades de aproximadamente Q111 mil, con una vigencia que abarca el próximo año y medio.
Hasta ahora, el Organismo Judicial ya concretó el pago correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la mensualidad de julio.
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Rechazo por traslado de juzgados de extorsión
Según la información compartida, el Organismo Judicial decidió este traslado para liberar espacio en los niveles 3, 5 y 6 de la Torre de Tribunales, pues se aglomeraba gran cantidad de personas. Sin embargo, su ubicación en la zona 9 capitalina ha generado rechazo de parte del sector empresarial y vecinos del sector.
El pasado 23 de julio, la Cámara de Comercio emitió un comunicado en el que manifestó su profunda preocupación ante la decisión del OJ y señaló que se trata de una expresión de empresas y sus colaboradores que desarrollan actividades productivas en esa parte de la Ciudad de Guatemala.
"Esta área de la ciudad, reconocida como punto importante de desarrollo, se ha convertido en uno de los polos más dinámicos, instalándose en ella proyectos de vivienda, comercios, centros comerciales, restaurantes, oficinas y servicios, atrayendo inversiones y promoviendo empleo formal", señaló.
Y añadió que ubicar en esta zona estratégica un juzgado destinado a conocer delitos de tan alta peligrosidad, como lo son las extorsiones, pone en riesgo la seguridad ciudadana y el desarrollo económico del sector.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
