Después de que el Congreso de la República aprobó el decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, ha surgido una serie de pronunciamientos donde se manifiesta preocupación y se pide su veto.
La normativa fue avalada por los parlamentarios durante la sesión realizada en horas de la tarde del pasado lunes 2 de septiembre. Se aprobó de Urgencia Nacional por considerar que permitirá el desarrollo local y comunitario.
Según el Congreso, el nuevo decreto busca asegurar que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) puedan continuar utilizando los recursos no ejecutados durante el ejercicio fiscal 2024 para los proyectos de desarrollo que han sido interrumpidos por diversos factores administrativos y técnicos, como la falta de asignación de fondos.
"El principal objetivo de la ley es garantizar la continuidad de los proyectos financiados por asignaciones extraordinarias, los cuales son vitales para el desarrollo económico y social de los municipios y departamentos de todo el país", agregó el Legislativo.
Rechazo al decreto
Bancadas legislativas, el sector empresarial y organizaciones han señalado cierta opacidad en esta ley y la falta de control sobre los fondos públicos, por lo que han hecho el llamado al presidente Bernardo Arévalo para que la vete.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) manifestó preocupación por los efectos fiscales, a su criterio nocivos, tras aprobarse la normativa, pues enfatizó que esta debilita los controles sobre el gasto ejecutado por los consejos de desarrollo. Por lo que recomendó al mandatario que no sea avalada.
De igual forma, instó al Ejecutivo y al Legislativo a iniciar un proceso abierto e inclusivo de consulta y discusión "exhaustiva" con cada entidad involucrada sobre las mejores soluciones para lograr que los consejos de desarrollo agilicen la ejecución de sus presupuestos, pero bajo normas de transparencia y con controles adecuados que permitan garantizar la calidad de las obras.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) se unió a ese llamado para que sea vetada la ley, pues señaló que esta permite trasladar automáticamente recursos no ejecutados de un año a otro, lo cual viola el principio de anualidad del presupuesto y delega al Ministerio de Finanzas atribuciones que son exclusivas del Congreso.
"De entrar en vigencia, esta ley abriría la puerta a una bolsa paralela de fondos públicos sin el control político que garantiza la Constitución. Por ello, pedimos al presidente ejercer el veto y resguardar el orden jurídico y la transparencia en el manejo de las finanzas del Estado", expresó en un comunicado.
La Cámara de Comercio de Guatemala también emitió un comunicado sobre el tema, en el que expuso que el decreto contraviene ciertos principios del presupuesto y permitiría el manejo de fondos públicos paralelos debilitando la transparencia y el manejo responsables de los recursos del Estado. Por ello, instó a Arévalo a ejercer su derecho al veto, resguardando el orden jurídico, la institucionalidad y la adecuada administración de las finanzas públicas.
De igual forma, diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) se pronunciaron contra dicha aprobación que da vida a la Ley de fomento financiero a los CODEDES, pues aseguran que esta "profundiza la corrupción".
Ejecutivo continúa análisis
El Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, se refirió al decreto 7-2025 e indicó que este "se está analizando" y que la postura oficial se dará a conocer en la próxima conferencia de prensa de "La Ronda".
