Luego que en el Congreso de la República aprobó el decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, han surgido pronunciamientos por parte de sectores sociales y empresariales expresando preocupación y llamando al presidente Bernardo Arévalo a que proceda a vetarlo.
La referida normativa permite disponer de los recursos financieros no ejecutados en el ejercicio fiscal 2024 para ser implementados en distintos proyectos en el 2025.
Este jueves 4 de septiembre, las organizaciones de sociedad civil Acción Ciudadana y el Centro Internacional para investigaciones en Derechos Humanos emitieron pronunciamientos en esa línea, instando al mandatario a no avalar la ley por considerar que la misma debilita los controles sobre fondos públicos y abre la puerta a la opacidad.
A través de una carta abierta dirigida al gobernante, las organizaciones le manifestaron su preocupación y le solicitaron ejercer la facultad constitucional de veto sobre esa iniciativa legislativa, en resguardo del interés nacional y del mandato ciudadano para la transparencia y el combate efectivo a la corrupción.
Su argumento es que la normativa incluye una serie de cambios que representan un grave retroceso en la lucha nacional e internacional contra la corrupción, debilitando la capacidad de fiscalización institucional y ciudadana y favoreciendo la opacidad y el mal uso de recursos públicos destinados al desarrollo de las comunidades.
Señalan factores de "grave retroceso" en lucha contra la corrupción
Entre los aspectos que Acción Ciudadana y el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos describieron como "retrocesos en transparencia y anticorrupción" y que, a su criterio, debilitan gravemente los controles sobre el maneo de los fondos asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), las organizaciones destacaron los siguientes:
- Traslado automático y disponibilidad inmediata de recursos extraordinarios, aunque no existan convenios de ejecución firmados, lo que abre espacio para el manejo discrecional de fondos y limita la supervisión previa y ciudadana.
- Agilización excesiva de trámites y autorizaciones mediante el "silencio administrativo afirmativo", reduciendo la capacidad de revisión técnica y legal, con el riego de aprobarse proyectos sin el debido análisis ni transparencia.
- Desembolsos únicamente vinculados a la firma de convenios, sin requisitos de verificación o fiscalización técnica, facilitando transferencias directas de grandes sumas de dinero sin controles efectivos.
- Ausencia de mecanismos claros y estrictos para la devolución de fondos no utilizados, sin fortalecer la auditoría y sanción ante posibles anomalías en la ejecución de obras públicas.
Cámara de Industria se pronuncia
La Cámara de la Industria de Guatemala también emitió un pronunciamiento en el que manifestó su preocupación por la aprobación del Decreto 7-2025 e hizo un llamado a Arévalo para analizar detenidamente su contenido y tomar las decisiones respecto al mismo en beneficio de la nación.
"Los mecanismos para la ejecución del presupuesto deben ser analizados y discutidos con la debida profundidad para asegurar el resguardo de los procedimientos de fiscalización y control del uso de los recursos públicos", enfatizó.
De igual forma, expresó su rechazo a la propuesta de presupuesto para 2026 que, según planteó, muestra un incremento de más del 10.3% en comparación con el año anterior. En ese contexto, indicó que el problema no es la falta de recursos, sino la falta de ejecución, por lo que pidió al Congreso que no la apruebe.
