El Tribunal de Mayor Riesgo B dictó este lunes, 13 de octubre, una sentencia absolutoria para cinco personas procesadas dentro del caso conocido como Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en el que el Ministerio Público (MP) investigó una serie de supuestas irregularidades en el marco de negociaciones para las operaciones portuarias.
El tribunal consideró que el ente investigador no pudo respaldar los señalamientos contra estas personas, a quienes se les atribuían cargos de lavado de dinero, asociación ilícita, fraude, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y cohecho pasivo, entre otros, por lo que resolvió absolverlos.
"El tribunal, al resolver por unanimidad, declara: absolver al acusado (nombre de los cinco implicados). Tomando en cuenta que se encuentran gozando de medidas sustitutivas, se revocan las mismas el día de hoy por la naturaleza del fallo y se ordena oficiar a donde corresponda, a efecto de que se tome nota de lo resuelto", expresó una de las juezas al darle lectura a la parte resolutiva.
Los beneficiados con este fallo son:
- Douglas René Charchal, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
- Gustavo Martínez Luna, exsecretario de la Presidencia.
- Mario Ruano San José, exasistente de Charchal.
- Julio Norberto Esquivel Orellana.
- Lazaro Noé Reyes Matta.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, se presentó a la sala de audiencias donde se dio a conocer la decisión de los jueces. Días atrás, la unidad a su cargo solicitó que se dictaran penas de entre 10 y 26 años de prisión contra los implicados.
Tras conocer la sentencia absolutoria, el fiscal indicó que lo que hizo su antecesor, Juan Francisco Sandoval, y el exjefe de la CICIG, Iván Velásquez, fue "nefasto". Aseguró que se intentó "rescatar" el caso, pero no fue posible.
Tribunal señala "errores garrafales" y montaje de "show"
Las juezas señalaron que, en la investigación presentada, el Ministerio Público (MP) no menciona los nombres de las personas que supuestamente integraron la estructura criminal. Agregó que se incluye a miembros del Organismo Ejecutivo y Judicial, incluido al exmagistrado Charchal, pero no se indican los roles.
En ese contexto, ante la falta de fundamentos planteados en el escrito de acusación, el tribunal consideró que no se pudo probar el delito de lavado de dinero en el proceso. Tampoco el cargo de asociación ilícita quedó sustentado, ya que, según se indicó, se cometieron errores del MP y la investigación no fue sólida.
Asimismo, el tribunal expuso que el delito de cohecho pasivo no pudo ser demostrado. Al realizar un análisis en relación a este delito, se estableció que dos de los procesados, incluido Charchal, no recibieron beneficios económicos.
En su argumentación, antes de dar a conocer la sentencia, la jueza María Eugenia Castellanos, presidenta del tribunal, calificó el caso como un "show" que se montó, pero sin fundamentos. Aseguró que la declaración de Juan Carlos Monzón es la "prueba reina", pero no puede ser válida.
"Ni el acuerdo de colaborador eficaz se trajo a la vista del tribunal, mucho menos que se nos haya probado que Juan Carlos Monzón entregó todo lo que se llevó. Es que estaba obligado, la ley lo obliga a entregar todo lo que se llevó, porque está declarando que él se llevó. La investigación no es solo a nivel nacional, porque el inciso E dice que hay que averiguar el destino de los instrumentos, ¿y no dice que se fue a Corea con la vicepresidenta?. Aquí venimos a asustar a la gente, a montar un show, un circo, con chismes, porque no podemos elevar a categoría de declaración testimonial algo que ni siquiera llena los requisitos legales", aseguró.
Según la jueza, este y otros detalles determinados al analizar el expediente reflejan "errores garrafales" que el tribunal no los puede validar. En ese sentido, aseguro que el juez es responsable y es el primero en someterse a la ley. Esto en referencia a que consideró que el juez contralor del caso procesó a los implicados a pesar de no tener los indicios respectivos. "Es que, son más de 300 documentos y casi que el 80 por ciento son inútiles e impertinentes. Es increíble", indicó.
Acerca del caso TCQ
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la FECI, con sus anteriores autoridades, investigaron el caso TCQ y señalaron que, de enero de 2012 hasta abril de 2025, se concertó un grupo criminal con roles definidos.
Sus operaciones se concentraron en obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato supuestamente irregular a favor de la entidad TCQ, destinado a ceder parte del terreno de la portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.
Según las pesquisas, la función de estas acciones era interferir en diversos actos dirigidos a la realización del proyecto y de esa forma beneficiarse al recibir millonarias sumas de dinero bajo concepto de sobornos.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.
