El pleno de magistrados de la Corte Suprema Justicia (CSJ) sostuvo una reunión este miércoles 29 de octubre para abordar una serie de temas; sin embargo, se confirmó que durante la misma no conocieron la solicitud del presidente de la república, Bernardo Arévalo, de destituir al juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.
El pasado fin de semana, en un mensaje difundido en cadena nacional, el mandatario aseguró que el togado y la fiscal general, Consuelo Porras, están detrás de acciones que atentan contra la democracia y buscan "hundir" a Guatemala en el autoritarismo, la corrupción e impunidad.
"El juez Orellana, que tergiversa las leyes al servicio de Consuelo Porras, intenta forzar al Tribunal Supremo Electoral a distorsionar los resultados de las elecciones de 2023, motivando la destitución inconstitucional de un alcalde, 23 diputados electos por el Movimiento Semilla, la vicepresidenta de la República y de su presidente", dijo.
Agregó que los funcionarios "y sus demás patéticos conspiradores" han creado un contexto de terror para hacerse camino y hundir a Guatemala. Y, en su opinión, lo han hecho usando procesos judiciales ilegítimos para encarcelar y torturar a ciudadanos honestos, intentando desmotivar la defensa de la democracia y procurando obtener falsas confesiones y denuncias como instrumento para lo que describió como un "golpe de Estado".
En ese contexto, hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que, conforme a la ley, proceda a la inmediata destitución del juez Orellana.
Orden judicial sobre "nulidad absoluta" de Semilla
El pasado viernes, el juez penal Fredy Orellana ordenó nuevamente, como ya lo ha hecho varias veces en el pasado, la suspensión del partido Movimiento Semilla, con el que Bernardo Arévalo ganó las elecciones presidenciales en 2023.
El funcionario judicial indicó en un dictamen que el Tribunal Supremo Electoral debía tomar en cuenta la nulidad absoluta de la inscripción del comité pro formación del partido oficialista, así como de la organización política, por lo tanto, que procediera a darle cumplimiento a la orden judicial de manera inmediata, con todos los efectos jurídicos correspondientes.
Sin embargo, de acuerdo con analistas, el juez no tiene competencia al respecto y consistiría únicamente en uno de los intentos más recientes de Orellana y del Ministerio Público por intentar derribar la presidencia del actual mandatario.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
