El Gobierno de Guatemala expuso este jueves, 30 de octubre, a la Organización de Estados Americanos (OEA) los ataques que sufre su democracia, luego de nuevo intento de "golpe de estado" denunciado el pasado fin de semana por el presidente Bernardo Arévalo.
Esta mañana se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la organización, convocada en respuesta a una petición hecha por el gobernante, sustentada en la Carta Democrática Interamericana, para exponer las "graves amenazas" a la Constitución y la democracia.
El canciller Carlos Martínez viajó a Washington, Estados Unidos, para explicar el contexto en el país, por lo que resaltó ante los Estados miembro de la OEA que la situación que se enfrenta amenaza la estabilidad institucional, la vigencia del orden constitucional y la continuidad del proceso democrático.
"En los últimos días, se han realizado una serie de actuaciones arbitrarias e ilegítimas por parte de operadores del sistema de justicia, de jueces y del Ministerio Público, orientadas a distorsionar los resultados de las Elecciones Generales del 2023, a desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y a forzar la destitución de autoridades legítimamente electas por el pueblo guatemaltecos, incluyendo diputados, diputadas, alcaldes, la vicepresidenta y el propio presidente de la república", dijo.
Agregó que el gobierno manifiesta su profunda preocupación ante las resoluciones dictadas el pasado 24 de octubre por el Juzgado Séptimo Penal, mediante las cuales se pretendió declarar la supuesta nulidad absoluta de la inscripción del partido político Movimiento Semilla, pese a que el proceso electoral fue legalmente concluido y oficializado por el Tribunal Supremo Electoral, mediante el decreto 5-2023,
Según el funcionario, estas acciones han sido declaradas improcedentes por la Corte de Constitucionalidad ayer, resolviendo con lugar la acción constitucional de amparo planteada para la debida ejecutoria de la sentencia que la misma Corte había emitido el 14 de diciembre de 2023.
En ese sentido, indicó que el alto tribunal advirtió al juez para que en sus decisiones se abstenga de contravenir las disposiciones constitucionales o legales, en especial aquellas normas en las que descansa el sistema electoral democrático republicano representativo del Estado, ello tomando en consideración que actualmente los resultados del proceso electoral son inalterables.
"La sentencia de la Corte advierte al juez que se abstenga de incurrir en actos que podrían caer en el delito de prevaricato, ya que considera que actuó fuera de su competencia, amenazando el orden constitucional. Advertimos que la sentencia de la CC detiene este reciente riesgo al orden democrático", añadió.
Señala al Ministerio Público y juzgados "cooptados" de estar detrás de intentos de "golpe de Estado"
El canciller resaltó que las acciones expuestas constituyen una reiterada amenaza al orden constitucional y vulneran los principios de supremacía constitucional, independencia del Tribunal Supremo Electoral y de la separación de poderes.
A la vez, señaló al Ministerio Público (MP), a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, y juzgados "cooptados", como el mencionado y que está a cargo de Fredy Orellana, de dirigir actos que generan peligro constante al régimen democrático, con el objetivo de crear una crisis política y un proceso de desestabilización del gobierno. "Son de gran preocupación estas acciones", enfatizó.
A criterio del diplomático, muestra de los esfuerzos de estos sectores son los señalamientos "espurios e inventados" hechos contra el Gobierno en el caso "Unops", donde se le vincula con supuestos negocios ilícitos haciendo acusaciones "absolutamente irresponsables"
El MP de Porras mantiene abiertas 24 investigaciones por supuestos actos de corrupción en ministerios del Gobierno de Arévalo; sin embargo, esa misma institución no ha mostrado avances en las más de 300 denuncias presentadas por el Ejecutivo contra la administración anterior, una contradicción que indicó que pone en tela de juicio el papel del ente investigador.
Añadió que ayer mismo se presentó una nueva acusación infundada contra el presidente Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, en la que se busca retirarles la inmunidad.
"Tal situación, representa una amenaza directa a los principios consagrados en la carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. En particular, aquellos relativos a la defensa del orden constitucional, la independencia de los poderes del Estado y la celebración de procesos electorales libres, justos y transparentes", puntualizó Martínez.
De igual forma, indicó que este contexto amenaza con anular la expresión del pueblo manifestada en las urnas, por lo que se está llamando la atención del Consejo Permanente de la OEA a los intentos de promover un golpe de Estado técnico en Guatemala bajo el asedio de la guerra legal.
Por aparte, el canciller indicó que, en 2026, "se jugará la democracia del país", tomando en cuenta que se espera el desarrollo de elecciones de autoridades de diferentes instituciones, incluidas la Universidad de San Carlos, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, por lo que indicó que se tiene la responsabilidad de que las elecciones respondan a lo que busca la ciudadanía y no el sistema de mafias enquistadas.
"La defensa de la democracia en Guatemala es hoy una causa hemisférica. Guatemala confía en la solidaridad de los Estados miembros de esta organización para garantizar que la voluntad soberana del pueblo, la justicia y la libertad prevalezcan sobre los intentos de autoritarismo e impunidad", concluyó.
Países expresan respaldo a Guatemala
El secretario general de la organización, Albert Ramdin, defendió el "ejercicio de derechos democráticos" que el pueblo de Guatemala llevó a cabo cuando eligió a su presidente.
"Esa decisión democrática, en nuestra opinión, y como muchos de ustedes han señalado aquí hoy, debe ser respetada por todos los actores. La reciente opinión de la Corte de Constitucionalidad no deja lugar a dudas ni a incertidumbres con respecto a la legitimidad del presidente en ejercicio y del Gobierno. Por lo tanto, cualquier intento de socavar este mandato afecta no solo a la estabilidad de Guatemala, sino también a los valores democráticos que defendemos colectivamente en el hemisferio", afirmó Ramdin.
Los estados miembros respaldaron también el prevalecimiento de la democracia y la legalidad de su presidente frente a los ataques reportados.
