La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió rechazar la acción del Ministerio Público (MP) con la que se buscaba revocar el amparo provisional con el que cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) procesados dentro del caso TREP retomaron sus cargos.
Los magistrados Irma Palencia, Mynor Franco, Ranulfo Rojas y Gabriel Aguilera, que permanecieron durante meses suspendidos de sus cargos, pudieron retomar sus funciones el 1 de diciembre después de que la referida Cámara resolvió a su favor y les otorgó un amparo.
El fallo fue emitido el pasado 27 de noviembre y los magistrados fueron notificados un día después. Desde ese momento, se anunció que estarían regresando para que el pleno del órgano electoral quedara integrado nuevamente, cuando ya quedan menos de cuatro meses para que finalice su gestión.
Los togados están señalados dentro de un caso en el que se investigan posibles anomalías en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que se utilizó en el proceso electoral 2023.
"Es una resolución de un amparo que presentamos nosotros contra un fallo que revertía la decisión de dar con lugar la revisión de las medidas sustitutivas. Este amparo provisional deja sin efecto esa resolución y nos permite retomar nuestras labores. Los amparos son de efecto inmediato, por lo que automáticamente podemos retomar nuestras labores, y seguiremos cumpliendo con el resto de medidas sustitutivas", explicó el día que volvió al TSE el magistrado Aguilera, quien preside actualmente la entidad.
Presidente del TSE reitera inocencia
Hace dos semanas, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el magistrado Aguilera fue consultado con respecto a cómo se desarrolló el proceso electoral de 2023 y los señalamientos que han surgido en torno al mismo en la línea de supuestas irregularidades, de restricciones para que ciertas personas pudieran participar e incluso de alteración de los resultados.
Explicó que la etapa de inscripción de candidatos siempre genera polémicas, pero ellos se han enfocado en cumplir las normas que existen.
Por aparte, indicó que él y sus compañeros están actualmente sujetos a un proceso judicial en el que desean comprobarle a la población que todo fue en el marco de la ley y que en ninguna forma fue un "negocio dudoso". Aclaró que los señalamientos contra ellos no son por posiblemente alterar esos resultados de las votaciones, sino por la adquisición del sistema informático.
""Le quiero dar la certeza a la población guatemalteca que fraude electoral no hubo ni podrá haber en Guatemala nunca", dijo.
Por aparte, compartió que ya se presentó el acto conclusivo por parte del Ministerio Público del caso y se espera llegar a la audiencia de la etapa intermedia para poder, en ese momento, aclarar cualquier tema que haya pendiente.
"Nuestro mayor interés es mostrar nuestra inocencia y demostrar que siempre actuamos en el marco de la ley", aseguró.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
