El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) emitió un pronunciamiento este viernes, 19 de diciembre, con respecto a la decisión del presidente Bernardo Arévalo de incrementar entre 4% y 7.5% el salario mínimo para 2026.
Por medio de un comunicado, expresó su rechazo ante la referida medida al considerar que carece de sustento técnico y desatiende los efectos negativos que genera sobre el empleo, la formalidad y la competitividad.
Aseguró que el sector privado organizado participó de forma responsable y propositiva en los espacios de diálogo sobre el salario mínimo, presentando propuestas diferenciadas por región, sustentadas en análisis técnicos y en la realidad productiva del país.
Pese a ello, consideró que se determinó un aumento sin base técnica suficiente y que pone en riesgo la generación de empleo formal y la estabilidad económica del país.
"En un contexto de inseguridad, deficiencias en infraestructura, demoras portuarias y exceso de trámites, este aumento, al no considerar este entorno adverso, agrava la pérdida de competitividad del país", agregó el Cacif.
Decisión cierra oportunidades de empleo, asegura el sector empresarial
De acuerdo con el Cacif, la decisión tomada para 2025 rompió la tendencia de recuperación del empleo formal, evitando la creación de aproximadamente 40 mil puestos de trabajo. En tanto, consideró que el incremento para 2026 profundiza esta situación y cierra oportunidades de empleo, especialmente para jóvenes.
En su opinión, al decretar este incremento salarial sin contar con una base técnica suficiente, se debilita la generación de empleo formal y agrava el problema estructural de la informalidad en el país, que ya alcanza a más de 5 millones de guatemaltecos, es decir, cerca del 70% de la población económicamente activa.
"Además, miles de trabajadores podrían verse forzados a migrar del empleo formal al informal, afectando a sus familias al perder acceso a prestaciones y a la seguridad social", enfatizó.
Por ello, consideró que Guatemala necesita una política salarial integral, alineada con la productividad y la competitividad, que reduzca la informalidad, amplíe la cobertura de seguridad social y brinde previsibilidad a la generación de empleo formal.
