El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) se pronunció este miércoles, 31 de diciembre, con respecto a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que dejó en suspenso la aprobación del Decreto 27-2025, que contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026, así como lo actuado con posterioridad.
Por medio de un comunicado, indicó que la decisión adoptada por el alto tribunal establece que "se deja en suspenso temporalmente"; sin embargo, destacó que debe tenerse presente que, conforme a lo resuelto a la fecha y a lo dispuesto en el literal b) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, a partir del 1 de enero de 2026 regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio fiscal anterior.
De acuerdo con la cartera, el Estado estará funcionando bajo el Presupuesto 2025, contenido en el Decreto 36-2024 y cuyo monto vigente asciende a Q154 mil 936.6 millones.
"En consecuencia, la suspensión incomoda, pero no detiene la gestión del gobierno", enfatizó la cartera. A la vez que aseguró que se priorizará el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, incluyendo e pago de salarios, servicios básicos, transferencias obligatorias, atención en salud, educación, seguridad y el servicio de la deuda pública.
A pesar de ello, el Minfin dejó en claro que la aplicación de un presupuesto desfasado implica restricciones operativas, particularmente en lo relativo a la creación o ampliación de programas, nuevas inversiones y ejecución de proyectos que estaban contemplados exclusivamente en el presupuesto 2026 y que elevaban su monto a Q163 mil 469.3 millones.
Presentarán iniciativa de ley para ampliación
Al respecto de la situación generada tras el fallo de la CC, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, anunció por medio de una publicación en redes sociales que en las primeras semanas del próximo año será presentada una iniciativa de ley para la ampliación del presupuesto.
Señaló que esta vía permitirá contar con normas presupuestarias actualizadas y un presupuesto que optimice la ejecución de los recursos disponibles, priorizando proyectos estratégicos y de alto impacto social para que el presupuesto del Estado continúe promoviendo un mayor desarrollo social y crecimiento económico.
