El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) impulsa la creación de una nueva Ley General de Transporte Terrestre para modernizar el sistema y responder a las demandas actuales de movilidad y seguridad en Guatemala.
El Viceministerio de Transportes, a través de la Dirección General de Transportes (DGT), lidera la elaboración de esta iniciativa, con el objetivo de sustituir un marco legal que se ha mantenido casi intacto durante ochenta años y, según las entidades, resulta obsoleto frente a las crecientes necesidades de los usuarios.
Las autoridades buscan una norma integral que contemple las exigencias de movilidad, seguridad y conectividad que plantea el actual contexto nacional. En ese sentido, organizan reuniones técnicas, mesas de trabajo y consultas abiertas con sectores clave del transporte público, la carga, las municipalidades, expertos en movilidad y organizaciones sociales.
Durante este proceso, que arrancó oficialmente el 2 de diciembre, los diferentes actores del sector tienen la oportunidad de expresar sus necesidades y expectativas, con el propósito de que ninguna voz quede fuera en el desarrollo de la ley.
Un sistema de transporte más ordenado y seguro
Según el CIV, el sistema de transporte guatemalteco ha operado por décadas bajo esquemas deficientes y con escaso control estatal. La nueva ley busca establecer una planificación integral que incluya a todos los actores de la cadena de transporte terrestre, definiendo derechos, deberes y responsabilidades claras.
Entre las principales novedades que contemplará la normativa se encuentran nuevos instrumentos para la regulación, supervisión y control, los cuales incluirán: coordinación interinstitucional, ordenamiento de rutas, fiscalización del servicio, definición de estándares mínimos de calidad, estrictos lineamientos de seguridad vial, requisitos técnicos para vehículos, procesos ágiles de control y sanción ante incumplimientos y mejores criterios para habilitar operadores.
Estas acciones buscan propiciar una convivencia armónica entre el transporte público, el de carga, taxis, mototaxis, servicios especiales y el usuario en general, garantizando competitividad y prestaciones adecuadas en todos los sectores.
