El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gabriel Aguilera, dio a conocer que en los últimos años se han detectado casos de "acarreo" de personas para que pueden actualizar su residencia en otro municipio con el objetivo de que en el próximo proceso electoral voten por una determinada propuesta, una acción que, a decir del magistrado, es ilegal.
Ante esta situación, el magistrado indicó que la Inspectoría General ya ha iniciado investigaciones y, aunque no reveló los lugares exactos para no alertar a quienes están haciendo esa práctica, dijo que se han detectado casos en Petén, Zacapa, Suchitepéquez, Quiché y Jutiapa, entre otros
Ayer finalizó la fecha para poder cambiar la residencia electoral y este viernes, 23 de enero, Aguilera se refirió al tema durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde compartió que en la mencionada jornada se tuvo afluencia masiva a nivel nacional.
Indicó que el hecho de que se hizo la publicidad para el tema de la actualización también generó mucha participación de personas que aun no se habían empadronado. En ese sentido, solo ayer se contabilizaron 13 mil nuevos empadronamientos y 28 mil 500 actualizaciones de residencia electoral.
"Pero durante todo el año se tiene que ver todos los datos para tener un informe oficial de cuántas personas actualizaron su residencia electoral de un municipio a otro", explicó.
Con respecto al tema del aparente "acarreo", el entrevistado dijo que se tienen varias denuncias e incluso se han iniciado varias investigaciones porque se debe recordar que, dependiendo del tamaño del municipio y la cantidad de personas inscritas en el padrón de esa localidad, una elección puede ganarse por una cantidad mínima de votos.
Explicó que lo que el tipo de práctica en el que ciertas personas se cambian de jurisdicción sin ser real el motivo, que es su reubicación domiciliar, sino que lo hacen porque alguien se lo pide, técnicamente se llama transhumancia electoral y enfatizó que este tipo de práctica puede cambiar el resultado de una elección municipal.
"Nosotros, efectivamente, hemos detectado varios casos de oficio al momento de generar los reportes de residencia electoral. Por ejemplo, vimos casos que llegaban grupos de personas diciendo que querían actualizar residencia electoral a un municipio. Llegaban en un bus, eran grupos que llegaban, por ejemplo, 30 personas de una comunidad y todos querían cambiar a otro municipio su residencia electoral", relató.
Según el magistrado, en algunos casos comentaban que les habían ofrecido alguna dádiva en pago por hacer este trámite.
Ayer, los subdelegados reportaron que se supo de ofrecimientos de montos de 75 quetzales hasta 500 quetzales que se pagan por una sola actualización. Ante ello, el funcionario electoral dijo que el personal está capacitado para actuar en estos casos, comunicarse directamente con Inspección y seguridad institucional del tribunal para que los apoye y con la PNC, que en todo momento da acompañamiento al proceso.
"Incluso hemos sabido de denuncias que dicen tener una base de datos y con esa la pueden vender a algún político que quiera hacer este tipo de situaciones y le dicen ‘tengo gente de una comunidad y te la puedo traer a esta comunidad’. Se actualizan y ya en próximas elecciones podrían votar en esa otra comunidad", expuso sobre otra irregularidad de la que se ha tenido conocimiento.
Amenazas a delegado por negarse a incurrir en ilegalidades
Aguilera indicó que hay varios casos en investigación en Inspección General del Tribunal y sumados a estos se detectó otro más que ocurrió justamente ayer, en el último día para realizar el proceso de actualización de la residencia electoral.
El hecho se dio en el municipio de San Andrés Villa Seca, en Retalhuleu, y consistió en que a un delegado le llevaron 50 Documentos Personales de Identificación (DPI) para que realizara el trámite de modificación sin que los titulares estuvieran presentes.
"(Le dijeron) ‘se los dejamos para que haga la actualización de documentos’ y le ofrecieron un soborno. Él no aceptó y lo hizo público. Esto le ha generado amenazas, por lo que estamos coordinando protección porque ese acto le está generando consecuencias", expuso el entrevistado.
Varios municipios en la mira
De acuerdo con Aguilera, la investigación de Inspección General tiene "varios municipios en la mira". Y, aunque no reveló los lugares exactos para no alertar a quienes están haciendo esa práctica, dijo que se han detectado casos en Petén, Zacapa, Suchitepéquez, Quiché y Jutiapa, entre otros.
"Nosotros hacemos investigación de casa en casa, llamadas a los teléfonos que dejan registrado para ver si la persona vive allí. Y al verificar se presenta la denuncia al Ministerio Público", explicó.
También dio a conocer que en los casos donde se detecta algo inusual el proceso establece que se deja en suspenso la actualización de residencia electoral. Entonces, se le notifica que podrá votar, pero en la última residencia que tenía registrada previo al cambio que genera alguna investigación.
