El Juzgado Segundo Penal tenía previsto desarrollar este viernes, 13 de febrero, una audiencia dentro del caso TREP, en la que se discutiría una cuestión pre judicial; sin embargo, el Ministerio Público (MP) no se hizo presente.
Según lo expuesto por el juez, el ente investigador trasladó un documento escueto en el que manifestó que no podía asistir porque tenía otra audiencia programada.
Ante esa situación, el togado le fijó un plazo de una hora para comparecer a la audiencia, ya que la diligencia en la que se basó la excusa ya finalizó.
Asimismo, el togado cuestionó cómo el MP no puede enviar a un fiscal a una audiencia, pero sí trasladó una gran cantidad de funcionarios a hacer un allanamiento a los centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
A la sala de audiencias se hicieron presentes los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Mynor Franco y Ranulfo Rojas, quienes estuvieron esperando el inicio de la diligencia, que finalmente fue suspendida.
Caso TREP
La fiscalía les atribuye a los magistrados del TSE una serie de irregularidades en el proceso de adquisición del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que se utilizó en el proceso de elecciones generales de 2023.
Al respecto, los magistrados han asegurado en distintas ocasiones que se verificó ampliamente que se cumplía con todos los requisitos técnicos, de equipamiento, logísticos y de infraestructura para la transmisión de resultados preliminares de votación.
Sin embargo, el Ministerio Público considera que hubo anomalías, incluso se habla de una posible sobrevaloración. En ese contexto, a los magistrados titulares del TSE se les atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
El ente investigador sostiene que el supuesto fraude se cometió porque los funcionarios denunciados autorizaron la adjudicación y suscripción del contrato de adquisición por Q148 millones, mientras la segunda oferta era por Q113 millones y que, además, incluía hardware operativo y la infraestructura de telecomunicaciones.
