El Ministerio Público (MP) rechazó los señalamientos contenidos en el comunicado emitido por expertos independientes de las Naciones Unidas, en relación con un caso de supuestas adopciones internacionales irregulares con el que estaría vinculada la fiscal general Consuelo Porras.
Esto surgió luego de que los profesionales pidieran "investigaciones independientes" sobre la supuesta implicación de varios funcionarios públicos, entre ellos la jefa de la Fiscalía de Guatemala, en el caso de las adopciones ilegales durante el conflicto armado interno (1960-1996).
Los expertos se mostraron "preocupados" por la información recibida sobre que "al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el 'Hogar Temporal Elisa Martínez' después de su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996 en Guatemala".
"Nos preocupa especialmente que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas", señaló el grupo de la ONU en un comunicado fechado en Ginebra.
Los expertos pidieron "investigaciones independientes sobre las alegaciones de que en estos procesos de adopciones ilegales internacionales, supuestamente estuvieron involucrados funcionarios públicos".
Incluyendo, añadió el documento, a Consuelo Porras, actual Fiscal General sancionada por EE.UU. y la Unión Europea (UE) por presuntos vínculos con hechos de corrupción y acciones contra la democracia, quien fue "según se informa, la 'tutora legal' de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982".
MP defiende integridad de Porras y denuncia condicionamiento para elecciones
Por medio de un pronunciamiento difundido este martes, 17 de febrero, la Fiscalía señaló que tales señalamientos expresados por los expertos de la ONU carecen de sustento probatorio y afectan el derecho al honor, la dignidad, la reputación y la presunción de inocencia de Porras.
Agregó que la fiscal cuenta con una trayectoria profesional de más 40 años en el sector justicia guatemalteco, distinguida por su integridad, profesionalismo y compromiso con el Estado de Derecho. Añadió que ello se refleja en su reelección histórica para estar al frente del MP, siendo la primera en Guatemala y la primera mujer en alcanzar "este hito" en América Latina.
Asimismo, el MP lamentó que exista acciones de acoso contra la fiscal general de parte de alguien a quien solo se refirió como "esta persona", y mencionó que, "paradójicamente", "es la encargada de mantener un compromiso global para la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades".
La entidad también lamentó que, en su opinión, se utilicen alegaciones no investigadas ni probadas para condicionar procesos de elección que actualmente están en curso en instituciones del sector justicia en Guatemala. Y, en ese contexto, instó a que cualquier alegación sea canalizada a través de los mecanismos judiciales competentes.
