La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó la noche de este martes 17 de febrero, que en atención a lo manifestado por expertas y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por posibles adopciones irregulares suscitadas en el país en décadas anteriores, ha presentado de oficio la denuncia correspondiente a efecto se realice la investigación que en derecho corresponde. ç
A través de la investigación se deben determinar las acciones legales en contra de quien o quienes resulten responsables de los flagelos que se han denunciado.
"La PGN continuará efectuando las diligencias que resulten necesarias, conforme a sus atribuciones, en relación con los hechos señalados.", indicó a través de un comunicado.
Un grupo de expertos de la ONU pidió "investigaciones independientes" sobre la supuesta implicación de varios funcionarios públicos, entre ellos la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, en el caso de las adopciones ilegales durante el conflicto armado interno (1960-1996).
Los expertos se mostraron "preocupados" por la información recibida sobre que "al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el 'Hogar Temporal Elisa Martínez' después de su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996 en Guatemala".
"Nos preocupa especialmente que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas", señaló el grupo de la ONU en un comunicado fechado en Ginebra.
Los expertos pidieron en su comunicado "investigaciones independientes sobre las alegaciones de que en estos procesos de adopciones ilegales internacionales, supuestamente estuvieron involucrados funcionarios públicos".
Incluyendo, añadió el documento, a Consuelo Porras, actual Fiscal General sancionada por EE.UU. y la Unión Europea (UE) por presunta corrupción, quien fue "según se informa, la 'tutora legal' de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982".
Los expertos señalaron que "actualmente se está llevando a cabo un proceso de nombramiento judicial" e instaron "a todos los actores a ejercer cautela ante estas graves alegaciones, que aún no han sido investigadas".
También mencionaron que la fiscal Porras "se postula actualmente para la elección a la Corte Constitucional y que podría ser nominada para la reelección como Fiscal General esta semana", detalló el comunicado.
"Todas las personas contra las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos, especialmente aquellas que han tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización o violaciones de derechos humanos, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se realice una investigación pronta, independiente y exhaustiva de esas alegaciones", recordaron los expertos.
Durante el conflicto armado interno de Guatemala, entre 1960 y 1996, unos 35.000 niños, mayoritariamente de poblaciones indígenas, fueron robados y dados en adopción ilegal a países como Bélgica y Canadá, de acuerdo con organizaciones sociales.
Con información de agencia EFE y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*
