Las autoridades estudian si la oposición de pobladores a la construcción de una cárcel de máxima seguridad en el municipio de Morales, Izabal, podría estar siendo influenciada por grupos delincuenciales. Paralelamente, se desarrolla un proceso de diálogo con las comunidades cercanas para abordar el tema y generar consenso.
En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, señaló que hasta el momento no se ha comprobado la participación de organizaciones criminales en las protestas. "Estamos haciendo análisis de inteligencia. No quiero adelantar opinión en este aspecto, porque no quiero señalar sin tener la prueba concreta que demuestre lo que estoy afirmando", indicó.
Villeda recordó que en la zona históricamente operaron grupos de narcotraficantes que transportaban drogas desde Honduras, vía Guatemala, hacia México y Estados Unidos.
"Nunca hubo ninguna oposición ni reclamo a las actividades que realizaban estos grupos, sino que es hasta ahora, que el Estado ha decidido utilizar esos bienes productos de actividades ilícitas para un fin concreto que tiene como propósito el bienestar común que establece la Constitución, que surgen voces de protesta", subrayó el funcionario, aclarando que se trata de especulación mientras no haya evidencias concretas.
Diálogo con pobladores y proyectos comunitarios
El titular de la cartera del Interior compartió que ya han iniciado un proceso de diálogo con las comunidades aledañas al sector donde se estaría edificando la nueva prisión, que están a entre tres y 12 kilómetros de distancia, y han podido determinar que los habitantes de estos sectores están claros que este proyecto les puede llevar muchas oportunidades.
Según Villeda, estas poblaciones podrían beneficiarse con la construcción del centro penitenciario mediante la creación de empleos locales y programas de apoyo comunitario para mejorar su situación.
"Vamos a desarrollar muchos programas en esas comunidades para mejorar sus condiciones de vida y vamos, incluso, a contratar mano de obra local para genera empleo y que nos ayuden a la construcción de esta cárcel", explicó.
Las autoridades enfatizan que el diálogo con las comunidades continuará, con el objetivo de conciliar los intereses del Estado y de los pobladores locales, buscando que el proyecto se ejecute de manera transparente y con beneficio social.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.
