Los Ministerios de Gobernación (Mingob) y Defensa Nacional (Mindef) suscribieron un acuerdo que permitirá la construcción de un centro carcelario de máxima seguridad en Izabal, diseñado para el cumplimiento de condenas y la contención de reos de alta peligrosidad. Esta iniciativa busca fortalecer la infraestructura carcelaria del país y recuperar el control estatal sobre las prisiones.
El acto protocolario tuvo lugar en el Salón Mayor de la Cartera del Interior, donde el titular del Mingob, Marco Antonio Villeda, y su homólogo del Mindef, Herny Saenz, formalizaron el compromiso. La alianza entre ambas instituciones representa una medida estratégica en la política de seguridad del Estado, al integrar las capacidades técnicas y operativas necesarias para enfrentar los complejos desafíos que presenta la seguridad pública y el sistema penitenciario.
Las autoridades explicaron que el convenio integra recursos y capacidades tanto técnicas como operativas de varios organismos del Estado. Esto permitirá avanzar hacia una gestión eficiente, mejorando la seguridad dentro de las cárceles y contribuyendo a reducir los riesgos de violencia. La construcción del centro de máxima seguridad también busca elevar los estándares penitenciarios y devolver el control institucional a las autoridades competentes.
Infraestructura moderna y estándares internacionales
El nuevo centro penitenciario responde a una necesidad urgente: crear espacios seguros con condiciones dignas para albergar a reos considerados de alta peligrosidad. La edificación está diseñada bajo estándares internacionales y protocolos rigurosos, lo que permitirá, según el Mingob, reducir el hacinamiento y optimizar las condiciones de reclusión en el país.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reconoció abiertamente que "durante años, el Sistema Penitenciario dejó de cumplir su función". Villeda detalló que, en muchos casos, las cárceles se convirtieron en centros de operaciones delictivas, lo que derivó en consecuencias graves como el aumento de extorsiones, actos violentos y temor entre la población.
En su intervención, subrayó que la importancia de este proyecto va mucho más allá de la construcción de infraestructura. "Este acuerdo busca recuperar la autoridad legítima del Estado, basada en la ley, y restablecer la confianza ciudadana al demostrar que es posible cambiar la realidad en las cárceles del país", afirmó.
El funcionario insistió en que esta transformación exige trabajo conjunto y el compromiso de las instituciones, con el propósito de garantizar la seguridad interna y frenar la capacidad de operación criminal desde el interior de las prisiones.
La ejecución del proyecto estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, que tendrá la responsabilidad de completar la obra en un plazo de un año. Durante el proceso, se aplicarán con rigor los protocolos y normativas requeridas para centros de máxima seguridad, enfocándose en la protección tanto del personal como de los detenidos.
