La Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso dio dictamen favorable a la iniciativa 6502, que propone crear una ley para garantizar que niños y adolescentes mantengan una relación continua con ambos padres, incluso en casos de divorcio o separación.
La propuesta, que ahora deberá seguir su trámite legislativo, busca atender una problemática frecuente en conflictos familiares: la interrupción del contacto entre menores y uno de sus progenitores. Según lo planteado, solo en situaciones excepcionales un juez podría limitar ese derecho.
El presidente de la comisión, el diputado Álvaro Arzú Escobar, indicó que el proyecto es resultado de más de un año de trabajo. Sin embargo, la iniciativa abre el debate sobre cómo equilibrar el derecho de los menores con la protección en contextos de conflicto, violencia o disputas legales complejas.
Hemos llevado a cabo muchas reuniones de trabajo para elaborar y formular el proyecto de iniciativa y más de un año con este tema tan importante para nuestra niñez, conscientes que es un avance importante para proteger a nuestra niñez guatemalteca", manifestó Arzú Escobar.
Entre sus objetivos, la normativa plantea definir con mayor claridad qué juzgados deben conocer estos casos, armonizar la ley con la legislación vigente en materia de niñez y adecuarla a estándares internacionales. También busca dar herramientas a jueces de familia para hacer cumplir las relaciones paterno-filiales.
Reformas al Código Procesal Penal
En la misma sesión, la comisión inició el análisis de otra propuesta impulsada por la Corte Suprema de Justicia para reformar el Código Procesal Penal. El planteamiento incluye que ciertos fallos de la Cámara Penal se conviertan en doctrina obligatoria tras repetirse en varias resoluciones.
El magistrado René Girón Palacios señaló que las reformas responden a la necesidad de actualizar normas con más de 30 años de vigencia. No obstante, expertos han advertido en distintos espacios que cambios de este tipo podrían modificar la forma en que se interpreta la ley penal en el país.
Ambas iniciativas avanzan en medio de discusiones sobre la necesidad de modernizar el sistema de justicia, pero también bajo el escrutinio de distintos sectores que piden un análisis más amplio de sus implicaciones.
