La carrera por la Fiscalía General 2026-2030 ha puesto en el foco a un grupo de aspirantes con extensas y variadas trayectorias en el ámbito judicial y la administración pública. Cada perfil refleja una combinación de experiencia profesional, formación académica y, en algunos casos, señalamientos que han marcado sus carreras.
Estos candidatos buscan liderar una de las instituciones más cruciales del país, encargada de la persecución penal y la procuración de justicia.
Gabriel Estuardo García Luna: experiencia judicial
Gabriel Estuardo García Luna ya figuró en la nómina de candidatos en 2022. Actualmente, se desempeña como integrante suplente de la Junta de Disciplina Judicial, organismo que presidió anteriormente. Bajo su dirección, la Junta de Disciplina Judicial suspendió por 20 días sin goce de sueldo a la jueza Rocío Murillo por una falta administrativa relacionada con el caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en 2018. También conoció señalamientos contra la magistrada María Eugenia Morales Aceña y una queja contra el juez Miguel Ángel Gálvez, que fue declarada sin lugar.
Su trayectoria no ha estado exenta de escrutinio, pues se registra una denuncia en su contra en la Procuraduría de los Derechos Humanos entre 2015 y 2018. Además, presentó un antejuicio junto a Mildred Azucena Mejía Abrego contra un juez de paz, el cual fue admitido a trámite por la Corte Suprema de Justicia. García Luna ha sido magistrado vocal de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán y cuenta con una sólida carrera en el Organismo Judicial desde 1997, ocupando puestos como oficial, secretario, juez de paz, juez de primera instancia y magistrado de sala en el área penal. Complementa su perfil con docencia universitaria en la Universidad Rafael Landívar y la Escuela de Estudios Judiciales, y posee una maestría en Derecho Penal por la USAC.
Julio César Rivera Clavería: trayectoria en seguridad y aspiraciones políticas
Julio César Rivera Clavería, abogado y notario, acumula una extensa experiencia en seguridad pública y administración estatal que se remonta a la década de los setenta. Ocupó cargos como Viceministro de Seguridad durante el gobierno de Otto Pérez Molina en 2012, Director General de Presidios y Director de la Guardia de Hacienda. Durante la presidencia de Juan José Rodil Peralta en el Organismo Judicial (1992-1994), fungió como Secretario General de la institución.
Rivera Clavería posee una maestría en Seguridad Pública por la Universidad Galileo, donde también ejerce como docente desde 2008 en áreas como criminalística, política criminal y crimen organizado. Ha sido un aspirante recurrente a la jefatura del Ministerio Público desde 2010, integrando la nómina final de candidatos en dos ocasiones (2010 y 2014).
En el ámbito político, fue candidato a la Presidencia de la República en 2023 por el partido Mi Familia y ha trabajado como asesor en el Congreso y la Municipalidad de Guatemala. Su carrera ha enfrentado cuestionamientos por menciones en informes de la extinta CICIG que intentaron vincularlo con redes de contrabando, señalamientos que él ha rechazado. Actualmente, se desempeña como consultor y experto en inteligencia estratégica y seguridad ciudadana. Obtuvo una puntuación de 88.93 en el proceso de evaluación.
Néctor Guilebaldo De León Ramírez: una Ccarrera entre el MP y la Magistratura
Néctor Guilebaldo De León Ramírez, abogado y notario con más de 30 años de experiencia, ha alternado su carrera entre la magistratura y la alta dirección en el Ministerio Público. En el ente investigador, fue Coordinador Nacional de la Unidad de Impugnaciones entre 2004 y 2012, y llegó a ejercer como Fiscal General en funciones entre 2002 y 2003. En el ámbito judicial, presidió la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal de 2014 a 2023 e integró el pleno de la Corte Suprema de Justicia como suplente.
Su formación académica incluye una maestría en Derecho Penal (Cum Laude) por la Universidad Mariano Gálvez y una extensa trayectoria como docente de posgrado en la USAC. En 2022, integró la nómina final de candidatos a Fiscal General, destacándose con uno de los puntajes más altos. Su gestión judicial registra actuaciones en casos de alto impacto, como la recomendación de retirar la inmunidad al diputado Gilmar Othmar Sánchez por fraude en el Registro de la Propiedad. Como suplente de la CSJ, avaló el antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Francisco de Mata Vela y Gloria Porras, en 2020. Su sala también retiró la inmunidad al exalcalde Edwin Escobar y revocó la clausura del caso "Bufete de la Impunidad". No obstante, ha enfrentado cuestionamientos, incluyendo una denuncia por prevaricato tras favorecer con libertad a la fallecida exmagistrada Blanca Stalling. Obtuvo una puntuación de 76.69.
Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos: resoluciones controversiales
Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos es Doctora en Ciencias Penales (Summa Cum Laude) por la USAC y Máster en Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica por la Universidad de Salamanca, España. Su trayectoria docente incluye la docencia de doctorado en la USAC y conferencias en la Escuela de Estudios Judiciales sobre ética y procedimientos disciplinarios. Desde febrero de 2023, preside la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial.
Previamente, fue Magistrada Vocal I de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal de 2014 a 2023, periodo en el que participó en resoluciones de alto impacto. Entre estas se incluyen la anulación de sentencias en el caso IGSS-Pisa, el cierre provisional a favor del exministro Williams Mansilla y el otorgamiento de medidas sustitutivas a familiares del expresidente Jimmy Morales. Estrada Barrientos está casada con Alfredo Brito, exsecretario de Comunicación Social durante la administración de Morales. Su gestión en dicha sala fue señalada por informes de Impunity Watch debido a niveles de ineficiencia administrativa. Además de su labor judicial, ha sido asesora legal en diversas instituciones como el RENAP, el Congreso de la República y la Contraloría General de Cuentas.
Durante su magistratura en la Sala Tercera, Estrada Barrientos participó en resoluciones que favorecieron a figuras políticas y militares de alto perfil. Destaca el amparo otorgado a Igor Bitkov que anuló su envío a juicio en 2018, la confirmación de medidas sustitutivas para Gustavo Alejos y el arresto domiciliario para el hermano e hijo del entonces presidente Morales en el caso Botín Propiedad. Asimismo, su sala rechazó el antejuicio contra el alcalde Álvaro Arzú y anuló la condena contra los militares Jacobo Salán y Napoleón Rojas por el desvío de Q30 millones en el Ministerio de la Defensa. En 2017, la relatora contra la tortura, Silvia Villalta, presentó una denuncia en su contra por el supuesto otorgamiento de resoluciones judiciales irregulares. Recientemente, una investigación de La Hora reveló que la Junta de Disciplina Judicial que ella preside ha beneficiado en más de 100 denuncias administrativas a jueces sancionados por EE. UU. u otros gobiernos, mediante el archivo o desestimación de las mismas. Obtuvo una puntuación de 73.73.
Zoila Tatiana Morales Valdizón: dedicada al Ministerio Público
Zoila Tatiana Morales Valdizón, abogada y notaria, cuenta con una destacada trayectoria de más de 35 años de ejercicio profesional, vinculada casi en su totalidad al Ministerio Público. Su perfil combina una especialización técnica con una vasta experiencia en la persecución de delitos de alto impacto. Es Maestra en Propiedad Intelectual y Especialista en Derechos Humanos por la USAC, donde también ha colaborado como docente en la Facultad de Ingeniería.
Dentro del MP, ha desempeñado cargos de alta responsabilidad, incluyendo el de Fiscal de Sección en las unidades de Delitos Administrativos, Delitos contra el Ambiente y Propiedad Intelectual. Como Fiscal Especial, lideró investigaciones de gran relevancia nacional e internacional, como el caso Myrna Mack, el "Caso Gobernación" y las pesquisas contra el general Manuel Antonio Callejas. Además, integró la Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU) y dirigió investigaciones emblemáticas como el "Espionaje Postal" y el caso "Conexión Panamá", procesos por los cuales llegó a denunciar amenazas en su contra. Su trayectoria en el MP cerró con funciones en la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, tras una amplia carrera en la Fiscalía contra la Corrupción. Obtuvo una puntuación de 70.28.
Cesar Augusto Ávila Aparicio: vínculos políticos
Cesar Augusto Ávila Aparicio es actualmente magistrado suplente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Zacapa para el periodo 2024-2029. En 2023, fue electo magistrado titular de la misma sala para culminar el periodo 2019-2024. Anteriormente, se desempeñó como magistrado titular de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula de 2014 a 2019, prolongando sus funciones hasta 2023. Ávila Aparicio está casado con Heidy Mariela Hichos Posadas, sobrina del fallecido diputado Baudilio Hichos, quien fue señalado de cooptar instituciones en Chiquimula mediante la colocación de familiares en puestos clave, especialmente a nivel judicial.
En mayo de 2021, como parte de la Sala Mixta de Chiquimula, Ávila Aparicio buscó inhibirse de conocer el antejuicio presentado por la Fiscalía contra la Narcoactividad contra el entonces alcalde Esduin Javier Javier, conocido como "Tres Kiebres", por su presunta responsabilidad en el asesinato de tres personas. Los magistrados argumentaron que su seguridad podría verse afectada, pero la CSJ rechazó la solicitud.
En el sistema de justicia, Ávila Aparicio laboró en el Juzgado Primero de lo Económico Coactivo de Guatemala de 1989 a 1995. De 1995 a 2014, ejerció la profesión de manera liberal como abogado director y litigante. También fue asesor jurídico en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (2011-2012) y de la Municipalidad de Chiquimula (1998-1999). En el ejercicio de la magistratura, fue parte de la Junta Directiva del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones (2016-2017). En 2023, integró la nómina de 26 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2024-2029. En dicho proceso, fue incluido en el listado de 40 aspirantes que obtuvieron maestrías y posgrados exprés, y se le vinculó con el exrector Estuardo Gálvez, quien habría impulsado su candidatura en el proceso anterior. Cuenta con un doctorado en Derecho Penal y Procesal Penal por la USAC, así como una maestría en Derecho Penal por la URL. Obtuvo una puntuación de 92.13 puntos.
